Después de dos meses y por primera vez desde las elecciones, el Senado volvió a sesionar sin temas conflictivos. Tal es así que homenajearon al ex presidente Néstor Kirchner a un año de su muerte, aprobaron por unanimidad los pliegos de 30 jueces y dieron media sanción a una iniciativa que pena el cyber acoso y otra que protege a de las víctimas de tránsito. La próxima sesión sería el 16 de noviembre y podría tratarse el proyecto sobre muerte digna y paradero de menores extraviados.
Protección a de las víctimas de tránsito
Un proyecto de ley de protección a la víctima de accidentes de tránsito, de autoría de la senadora Nanci Parrili (FPV-PJ-Neuquén), fue aprobado por 45 votos afirmativos, de forma unánime, por el Senado. El texto, acompañado por los 42 senadores presentes, se basa en la película “Carancho” de Pablo Trapero que muestra la estafa a las víctimas de los accidentes de tránsito.
Nanci Parrili (FPV-PJ-Neuquén): “Vemos como inescrupulosos abogados captan la confianza de las víctimas de accidentes de tránsito o de sus deudos, obtienen de ellos un poder para gestionar la indemnización y luego de realizar una transacción con la aseguradora del que provocó el accidente, la cobran y se la apropian total o parcialmente en forma ilegal.(…) estas acciones similares se repiten a diario dejando en un estado de total desamparo a muchas familias que sufren la pérdida de su sostén económico o graves lesiones invalidantes en alguno de sus integrantes”.
Liliana Negre de Alonso (Peronismo Fed.-San Luis): “El dictamen tiene modificaciones y las mismas han sido consensuadas con las senadoras (Nanci) Parrilli y (Raquel) Riofrío, que son las autoras. (…) Se incorpora la obligatoriedad de la homologación judicial. Cuando hay renuncia de derecho debe ser homologado por el juez y podrá llamar a ratificar a los damnificados”, insistió explicando que, además, esta medida fija un límite a la renuncia de derechos que podrá ser hasta un 40 por ciento”.
Acoso sexual a menores por Internet
El Senado aprobó ayer por unanimidad y remitió a Diputados un proyecto de ley por el que se penalizará el acoso sexual a menores realizado por Internet y otros medios electrónicos, conocido como grooming.
La iniciativa impulsada por María José Bongiorno (Enc. Rionegrinos-Río Negro) y María Higonet (Just. de La Pampa-La Pampa) propone incorporar al Código Penal un artículo donde se establece la pena de seis meses a cuatro años de prisión al que “por medio de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual”.
–María José Bongiorno (Enc. Rionegrinos-Río Negro): “el proyecto tipifica el delito que consiste en acciones de un adulto por establecer lazos de relación con un niño en Internet, con la intención de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual, posiblemente por medio de abusos.(…) la toma de conocimiento de esta realidad y la facilidad para el anonimato, e incluso la creación de otra identidad que produce la participación en las redes sociales cibernéticas, contribuye a que pervertidos cometan conductas delictivas contra menores que requieren de una tipificación clara, que no deje márgenes de impunidad interpretativa”.
– Sonia Escudero (Peronismo Fed.-Salta): “Estamos penalizando la conducta anterior al delito contra la integridad sexual. El desafío es proteger a nuestros jóvenes; debemos seguir avanzando en materia de tecnología pero debemos protegerlos de los peligros a los que se exponen”.
Acopio de municiones
El Senado aprobó, un proyecto del senador de la UCR Eugenio “Nito” Artaza (Corrientes) que establece, en su primer artículo, sustituir el apartado tercero del artículo 189 bis del Código Penal, que quedará redactado –si es sancionado por Diputados- de la siguiente manera: “El acopio de armas de fuego, piezas o municiones de estas y/o la tenencia de instrumental para producirlas y/o el acopio y/o tenencia de municiones y/o la tenencia de instrumental para producirlas, sin la debida autorización, será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a 10 años. El que hiciera de la fabricación ilegal de armas de fuego una actividad habitual será reprimido con reclusión o prisión de cinco a 10 años”.
Artaza expresa en los argumentos del texto que “no ha quedado claramente definida la figura del acopio de municiones sin la debida autorización legal, lo cual ha llevado a innumerables fallos judiciales de carácter interpretativo de la norma y, en algunos casos, incongruentes unos con otros”.
El legislador señala que “resulta imperioso efectuar una modificación en su redacción –en referencia al Código Penal- tendiente a dejar claramente establecido la potencialidad dañosa de dicha conducta para el bien jurídicamente protegido”.
La iniciativa fue aprobada, de manera unánime, por 45 senadores.
Pliego de jueces
El Senado aprobó el último miércoles la designación de 30 magistrados de la justicia federal, cuatro fiscales y dos defensores públicos propuestos por el Poder Ejecutivo, que completan la lista de casi un centenar designado en los últimos tres meses.
La nómina de los jueces sancionada hoy por unanimidad incluye a los magistrados Carlos Fernández, Federico Salvá, Julián Falcucci, Mario Juárez Almaraz, Juan Carlos Reynaga, Fernando Klappenbach, Santiago Zavalía, Hernán López, Pablo Ormaechea, Jorge De Santo, Diego Slupski, y Fabiana Palmaghini.
También a Yamine Bernan, Osvaldo Rappa, Santiago Inchausti, Pablo Seró, Noemí Berros, Gustavo Villanueva, Fernando Poviña, María Morgese Martín, Alberto Recondo, Omar Peralta, Karina Zucconi, Alicia Vence, Juan Gemignani, Mariano Lozano, Mateo Busaniche, Pablo Candisano Mera, Julia Villanueva y Ana Leonardi.
Los fiscales cuyos pliegos fueron aprobados sin objeción son Walter Rodríguez, Carlos Cearras, Roberto Salum y Patricio Sabadini, mientras los defensores públicos son Enzo Di Tella y Patricio Varela.
Con la aprobación de los pliegos de los jueces, el Senado concluyó finalmente con lo que había dejado pendiente, el resto del paquete de 92 nominaciones de magistrados que había enviado la presidenta Cristina Kirchner en julio pasado.