Desde un primer momento, la reunión nació atravesada. Es que por la poca presencia de legisladores, el presidente de la Comisión de Legislación Penal, el diputado Juan Carlos Vega (CC-Córdoba), apeló a un polémico artículo del Reglamento de la Cámara para poder sesionar.
Se trata del 108 y establece que “Las comisiones necesitarán para 
funcionar de la presencia de la mayoría de sus miembros; pero luego de transcurrida media hora desde la establecida en la convocatoria, podrán, con la asistencia de por lo menos la tercera parte de sus componentes, considerar y despachar los asuntos consignados en la citación correspondiente”.
Después de más de dos horas de debate, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados circuló para la firma el proyecto de ley que despenaliza y legaliza el aborto en el primer trimestre de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación o si hay graves malformaciones fetales. También se postuló para la firma un predictamen que despenaliza el aborto sólo en ciertas situaciones.
Sobre el cierre de la reunión, el diputado Juan Carlos Vega (CC-Córdoba) anunció que había un dictamen de mayoría con 6 firmas y uno de minoría con 1 firma.
El primero de los textos obtuvo la firma de 6 de los 11 diputados integrantes de la comisión que estuvieron presentes en la reunión: Horacio Alcuaz (GEN-Buenos Aires); Victoria Donda (FAP-Buenos Aires); Fernanda Gil Lozano (CC-Buenos Aires); Rubén Lanceta (UCR-Buenos Aires) Ricardo Gil Lavedra (UCR-CABA) y Elsa María Álvarez (UCR-Santa Cruz) y Diana Conti (FPV-PJ-Buenos Aires) en disidencia.
En tanto, el presidente de la comisión, Juan Carlos Vega (CC-Córdoba), firmó el segundo proyecto de su autoría que despenaliza el aborto para ciertas situaciones, como la violación.
– ¿Cuál es el planteo reglamentario?
Sucede que, de los 31 miembros con que cuenta esta comisión, para formar quórum se necesitaban 16 presentes en la reunión; pasada la media hora –en función del artículo 108 del Reglamento-, se comenzó a sesionar en minoría con la presencia de 11 diputados, a los que luego se les sumaron otros 4 miembros, con lo que se llegó al número de 15 presentes.
Por eso, para emitir un dictamen que respete las mayorías dispuestas en el Reglamento de la Cámara –se necesita el aval de, al menos, la mitad más uno de los miembros presentes al momento de dictaminar-, se requerían 8 firmas, con lo que al documento le faltaban 2 adhesiones para ser considerado siquiera un pre-dictamen en minoría.
Por su parte, los diputados Patricia Bullrich (CC-CABA), Omar De Marchi (Demócrata de Mza.-Mendoza) e Ivana Bianchi (Peronismo Federal-San Luis) presentaron en notas separadas, dirigidas al presidente de la Cámara, Eduardo Fellner (FPV-PJ-Jujuy), sus impugnaciones, donde sostienen que el dictamen no alcanzó las firmas necesarias. Con estas impugnaciones, el Presidente de la Comisión, Juan Carlos Vega (CC-Córdoba) decidió anular los dos pre-dictámenes firmados el martes.
Además, se suma una Resolución de la Cámara aprobada en abril de 2010 que establece que “Para que un despacho sea válido, es necesaria la firma de la mayoría de los miembros de cada una de las comisiones que hayan estado presentes en la o las reuniones en que fue tratado el asunto”. Por lo tanto, el proyecto que más firmas logró el martes, no podía ser nunca considerado en el recinto.
– ¿Qué sucederá entonces?
Luego de anularse los pre-dictamenes por la falta de 3 firmas, el titular de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Vega (CC), decidió convocar a una reunión plenaria con las comisiones de Familia y de Salud, que presiden Claudia Rucci (Peronismo Fed.) y Antonio Morante (FPV-PJ), respectivamente, para el jueves que viene a horario a confirmar.
De esta manera, si alguno de los proyectos logra dictamen de los tres cuerpos estará habilitado para ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados.
– ¿Qué dicen los proyectos que juntaron más firmas?
El proyecto que más adhesiones logró es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el cual despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y estipula que toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en las condiciones que determina la ley.
En tanto, la norma proyectada por el titular de la Comisión, Vega, modifica el artículo 86 del Código Penal, estableciendo que los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causare sufrirán penas e inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena. Por otro lado, estipula que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro a la vida o la salud de la madre y si ese peligro no pudiere ser evitado por otros medios; 2) Si el embarazo proviene del delito tipificado por el artículo 119, párrafo 3°.