En la sesión ordinaria del 10 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el convenio suscripto entre la Provincia y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación por el cual se implementa el Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la actividad Caprina.
El mencionada régimen, promulgada en 2007, fomenta el aprovechamiento de la hacienda caprina con vistas a su autoconsumo y/o comercialización, tanto a nivel local, provincial y nacional como de exportación, ya sea de animales en pie, carne, cuero, fibra, leche, semen y embriones y otros derivados de la actividad primaria o industrializada, que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en condiciones agroecológicas adecuadas.
Para ello, la norma determina el apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o proyecto, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o programa y actividad propuesta, según lo determinado por la autoridad de aplicación de acuerdo a lo establecido en su reglamentación.
En el norte santafesino, donde se radica la mayor explotación de esta actividad, diversas circunstancias han llevado a una merma tanto del ganado caprino como de las actividades conexas a la explotación en las zonas donde tradicionalmente se desarrollaban este tipo de actividades. Desde hace algunos años el sector atraviesa una profunda crisis.
Esta actividad es la principal fuente de ingresos de una parte de la población, residentes especialmente en aquellas zonas que cuentan con grandes extensiones semidesérticas o de baja calidad de suelos y agua no aptas para otras actividades agrícolas o ganaderas. Se realizan en forma precaria, casi artesanal, con pocos o casi ningún fundamento científico, todo lo cual ha llevado a que los fundos que se dedican a la cría de este tipo de ganado obtengan magros a casi nulos beneficios económicos.
Otros temas tratados en la sesión
Por otro lado, el diputado Antonio Riestra (Fte. Progresista Cívico y Social) presentó un proyecto de ley para prohibir en todo el territorio provincial el uso y aplicación del endosulfán. Según el legislador, “el endosulfán es un insecticida y acaricida organoclorado, altamente tóxico, que fue prohibido en más de 50 países, incluyendo la Unión Europea y varias naciones de Asia y África occidental”.
El autor argumenta que el endosulfán es responsable de incidentes fatales y envenenamientos entre los trabajadores rurales que dan como resultado daños cerebrales permanentes. En Argentina, según cifras de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), el endosulfán representa el 15% del volumen de ventas de insecticidas para usos agropecuarios, con 5,5 millones de litros comercializados en la campaña 2010/11. Este producto se utiliza en los cultivos de soja, algodón, cereales, frutales, vides y tabaco, entre otros.
Frente a esta situación, el diputado Antonio Riestra lamentó que estos antecedentes no fueran considerados debidamente por las autoridades nacionales. “Al momento de enfrentar los reclamos de la comunidad científica, de entidades intermedias y de organizaciones de la sociedad civil, el gobierno nacional, a través de la Resolución 511 del SENASA, dispuso un cronograma flexible de restricciones para la importación, elaboración y uso del Endosulfán que injustificadamente se extiende hasta Julio de 2013”.
“No podemos esperar dos años. Por estas razones, atendiendo al Principio Precautorio que rige el derecho ambiental, consideramos necesario prohibir sin mayores dilaciones la aplicación del Endosulfán en la provincia de Santa Fe, desde del 1º de Enero de 2012”, sostuvo el legislador.
El proyecto contempla que la autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con las autoridades municipales o comunales para delegar funciones de policía en sus respectivas jurisdicciones urbanas y rurales de la provincia; estableciendo un régimen de sanciones que va de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) litros de gasoil. En estos casos, las autoridades locales percibirán el 50 % (cincuenta por ciento) de las multas que se produjeran en sus respectivas jurisdicciones.
“Tenemos la obligación de pensar nuestro desarrollo agropecuario en términos de sustentabilidad. De nada sirven las metas del Plan Agroalimentario Estratégico si cada campaña de soja se lleva una porción importante de los nutrientes de nuestros suelos y deja una secuela de enfermedades y daño ambiental”, concluyó Antonio Riestra.
Por otra parte, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Vivienda y Urbanismo, de Industria, Comercio y Turismo y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, recibieron para su estudio un proyecto de ley que buscan gravar con ingresos brutos a la exportación de soja en Santa Fe.
La iniciativa legislativa es suscripta por los diputados Alberto Cejas (Movimiento Obrero) conjuntamente con legisladores peronista de distintas vertientes como Luis Rubeo (FPV), Silvia De Césaris (Santa Fe Federal), Marcelo Brignoni (EDE-NE), Claudia Saldaña (FPV) y Ricardo Peirone (FPV), quienes proponen, con el producido de la recaudación por la tributación antes mencionada, generar dos Fondos: uno para atender el déficit habitacional y otro para el fomento de la industria.
Según el diputado Cejas con lo que se propone en el proyecto “no colisionamos con lo que dispone la Constitución Nacional y la Ley de Coparticipación Federal y, del mismo modo, no se vulnera ninguna norma ni leyes a las cuales se adhirió y ratificó en su momento”.