El documento que finalmente firmaron los jefes de Estado tuvo fuertes críticas y tibias defensas. Los países desarrollados lo apoyaron sin demasiado entusiasmo porque se diluyó el concepto de economía verde que se había elaborado en el texto original, conocido como “zero draft”. Los países que resultaron más satisfechos con lo acordado fueron los miembros del G77, bloque que incluye al Mercosur.
La sociedad civil también criticó el documento final porque no utilizó verbos más fuertes que “afianzar”, “promover”, “fortalecer”, entre otros. Fue así que las organizaciones ambientalistas quedaron frustradas. Tanto fue así que se generó un documento de repudio llamado “El Futuro Que No Queremos”.
Pero por otro lado, las organizaciones sociales no ambientalistas vieron como positivo la ampliación del debate, al considerarse los distintos aspectos del desarrollo sustentable, que incluye a lo ambiental pero no de manera exclusiva.
Lamentablemente, los actores que parecieron no encontrar su lugar en esta Cumbre fueron los legisladores de los distintos países. Formaban parte de las delegaciones oficiales, pero sin tareas específicas se los vio circular por distintos espacios sin roles definidos.