En las últimas semanas, la Cámara de Diputados puso en debate nueve proyectos de ley que impulsan la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Pese a los acuerdos logrados en diferentes reuniones de comisión, el consenso para aprobar la iniciativa está lejos de ser alcanzado.
Ya se realizaron tres reuniones en las cuales participaron el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, la fiscal de la Comisión Nacional de Políticas Públicas de Prevención y Control del Tráfico de Estupefacientes de la Jefatura de Gabinete, Mónica Cuñaro, y representantes de la Asociación Madres Contra el Paco. Directorio Legislativo cubrió estos encuentros y adelantó en un informe especial las bases de un acuerdo interbloque.
Es que las diputadas Diana Conti (FPV-Buenos Aires), Victoria Donda (FAP- Buenos Aires) y el legislador Ricardo Gil Lavedra (UCR-CABA), autores de las principales iniciativas, llegaron a un principio de acuerdo a mediados de mayo. El hecho representó un guiño político de las tres fuerzas políticas más representativas al avance de la reforma de la ley de drogas.
Si bien todos proponen modificaciones a la ley de estupefacientes Nº 23.737, el acuerdo alcanzado por Donda, Conti y Gil Lavedra sentó algunos puntos en común en la búsqueda de unificar criterios. Éstos son:
Se consensuó penalizar la tenencia de drogas cuando no sea para consumo personal. Si la actual ley penaliza la tenencia y se atenúa la pena sólo si “sugiere inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal”, la idea es revertir la carga probatoria. Así, jueces y fiscales deberían tener pruebas de que la tenencia no es para consumo antes de detener a una persona.
Se busca despenalizar el cultivo de marihuana cuando no sea con fines de comercio. En la actualidad, el criterio de muchos jueces determina que el cultivo es un delito y se procede a la detención de personas, con la única prueba de que tengan plantas de cannabis. De cambiarse el artículo 5 de la ley actual, los jueces deberían probar los fines comerciales antes de allanar a un cultivador.
El acuerdo alcanza la posibilidad de despenalizar el consumo en la calle, mientras no se induzca a menores a consumir. Se trataría de la modificación del artículo 12 de la actual ley, que penaliza al que “preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes” y al que “usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público”.
El consenso interpretó la necesidad de atenuar las penas para las “mulas”, eslabón más débil del narcotráfico. Se propuso reducir la pena mínima de cuatro a tres años, lo que abriría la posibilidad de su excarcelación, teniendo en cuenta que en muchos casos se trata de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Esto se lograría modificando el artículo 866 del Código Aduanero, el cual castiga con prisión de hasta 16 años a las “mulas”.
Pero, más allá de estos acuerdos, lo cierto es que el tema quedó frenado. Si bien se esperaba la firma de un dictamen en una reunión conjunta que realizó la última semana las comisiones de Prevención de Adicciones y de Legislación Penal, las diferencias internas de los bloques mayoritarios paralizaron la discusión y extendiendo los plazos hacia fechas inciertas. En tanto, el diputado radical Mario Fiad, presidente de la comisión cabecera, reconoció que se acordó no emitir dictamen “a fin profundizar el análisis del proyecto”.