La Comisión de Acuerdos del Senado le dio dictamen al pliego de Alejandra Gils Carbó para ocupar la Procuraduría General de la Nación, tras una audiencia pública que se extendió por más de siete horas.
Si bien el oficialismo cuenta con mayoría en la Comisión que preside Marcelo Guinle (FPV-PJ-Chubut), el senador Luís Juez (FAP-Córdoba) también respaldó el pliego que será tratado en el recinto el miércoles 15 de agosto.
En cuanto al panorama para la sesión, el oficialismo tiene los números para que Gils Carbó acceda al cargo: la UCR formalizó su apoyo a su candidatura, según confirmó el titular de la bancada Luís Petcoff Naidenoff (Formosa), y se sumó así al respaldo que había adelantado el FAP.
Aunque el Frente para la Victoria ya se aseguró los dos tercios, resta definir qué postura adoptará el Peronismo Federal, que lo concretará en el seno del bloque.
La audiencia pública comenzó pasadas las 10.30 con presencia de la mayoría de los senadores. En primer lugar, se dio lectura a las cinco impugnaciones presentadas y, tras el descargo pertinente, se procedió a las preguntas de los legisladores.
Entre las impugnaciones, el Colegio de Abogados de Ciudad de Buenos Aires rechazó su pliego al considerar que no poseía “suficientes antecedentes” para ocupar el cargo y por su “alta conflictividad” en la Cámara Comercial. Asimismo, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático la cuestionó por su “falta de independencia”, al ser una “ferviente defensora del kirchnerismo”.
En tanto, la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, consideró que tenía “conductas cuestionables” en su cargo actual, mientras que el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) la impugnó por no poseer capacitación en procesal penal y por “no resguardar idoneidad ética”. La última observación fue de la abogada Marta Susana Bertoni, quien presentó su rechazo en forma particular.
En su descargo, Gils Carbó dijo que “casi ninguno” de los anteriores procuradores habían sido especialistas en derecho penal. “Mi objetivo es defender el interés general de la sociedad, a menos que pensemos que se aplica sólo a la coacción”, retrucó. Además la fiscal manifestó que su experiencia no se reducía solamente al fuero Comercial. “El derecho no son compartimentos estancos”, sentenció.
En cuanto a las preguntas destacadas, Gerardo Morales quiso saber qué opinaba de la anterior gestión de Esteban Righi al frente de la Procuraduría. Gils Carbó consideró que había sido “positiva” pero que su punto débil había sido no poder terminar de enraizar un “nuevo paradigma judicial”.
Morales también indagó sobre su opinión respecto al Servicio Penitenciario Federal (SPF) y las salidas transitorias de los presos a través de la agrupación “Vatayón Militante”.
Si bien la fiscal remarcó la cuestión de los derechos humanos en las cárceles y dijo que habían sido autorizada por los jueces, consideró que la salida de Eduardo Vázquez fue “un error de oportunidad”, en medio de la polémica que generó su caso y la posterior discusión del femicidio en el Congreso. “No le hace bien al sistema que una persona condenada salga a los 20 días por razones que habría que examinar si son las prioritarias”, fustigó.
Referido a las preocupaciones de la oposición, Ernesto Sanz (UCR-Mendoza) fue directo al grano. Quiso saber cuál era su nivel de vinculación con el gobierno y cuánto independiente era del Ejecutivo. Gils Carbó dijo que “decididamente” no tenía una vinculación con el gobierno y que a su profesión la regía “una cuestión de convicción, de ética y de defender el interés general de la Nación”.
Además aportó dos ejemplos para demostrar su independencia: citó la causa contra el Banco Nación que motorizó en 2004, cuya autoridad estaba a cargo de la ex ministra de Economía, Felisa Miceli; y su negativa en 2007 a la fusión de Cablevisión “cuando nadie hablaba de que era un oligopolio” y todavía el Grupo Clarín “no estaba en agenda del gobierno”.
Consultada por la senadora María Eugenía Estenssoro (CC-CABA) sobre si hay un “debilitamiento del derecho a libertad de expresión”, Gils Carbó respondió que “siempre el principio esencial es la protección de la libertad de expresión”.
Por último, Liliana Negre de Alonso (Compromiso Federal-San Luís) la interrogó por su opinión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. “Autorizar o no el aborto es una decisión del Congreso”, replicó la candidata del gobierno a procuradora, quien dijo estar de acuerdo con los últimos fallos de la Corte Suprema en la materia.