Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, junto a la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, disertaron en la Comisión Bicameral para la Reforma de los Códigos Civil y Comercial.
Pasadas las 14, los jueces que encabezaron la comisión que redactó el proyecto de reforma y unificación de los Códigos se presentaron en el Salón Azul para dar su postura y responder a las preguntas de los legisladores.
El primero en tomar la palabra fue el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien consideró que “hoy se abre una etapa importantísima dado que es crucial el debate que se da en el Congreso de la Nación”.
En referencia a los cambios en la letra del Código, Lorenzetti agregó: “Le hemos dado una concepción humanista, con una fuerte protección de las personas”. Y, además de calificarlo como “una antigua deuda de la democracia”, dijo que la comisión redactora buscó “tratar de solucionar los problemas entendiendo la diversidad de modelos de vida que hay en nuestro país”.
“En el Siglo XIX sólo se pensaba en el hombre adulto. Esta reforma piensa también en la mujer y en los niños”, añadió el titular del máximo tribunal del país.
En materia de consumidores, Lorenzetti afirmó que el texto regula las prácticas y los tratos en las contrataciones masivas, así como establece una “norma protectoria frente al consumidor inexperto contra clausulas abusivas”.
“Hay propiedades que no son individuales, sino comunitaria. También nos hemos ocupado de ello”, aclaró, antes de advertir que “hemos hablado con todos los sectores, y tratamos de hacer un proyecto que sea posible, con consensos y diversidad”.
Por su parte, la jueza Elena Highton de Nolasco se refirió centralmente a la regulación de la propiedad de las tierras indígenas. “La propiedad comunitaria indígena existe en la Constitución. Con ello debería bastar. Pero no sucede. Por eso, el proyecto registra a las comunidades y pasan a ser los titulares de la tierra”, explicó ante la Bicameral. “Mientras quede un representante de la comunidad, la propiedad susbsistirá”, agregó.
A su vez recordó que el nuevo Código establece que “el aprovechamiento de recursos naturales requiere consulta previa a las comunidades indígenas”.
Aída Kemelmajer de Carlucci disertó sobre las modificaciones realizadas en materia de derecho de familia, temática a la que se le ha dedicado un libro entero del Código.
En cuanto a la propiedad, manifestó que “todas las modificaciones tienen la misma filosofía de protección de la vivienda familiar”.
Asimismo, recordó la incorporación de la reproducción humana asistida en el texto y consideró que también debe ser regulada por una “ley especial”, ya que el legislador tiene que ir “controlando” los avances en la ciencia.
“La reproducción asistida tiene que tener una regulación específica porque no solamente opera con material genético de la pareja sino también de terceros”, alegó.
En lo que respecta a adopción, Kemelmajer manifestó que se profundizó el derecho del niño a conocer sus orígenes y se habilitó la posibilidad de convertir la adopción de simple a plena y viceversa.
A la hora de las preguntas, dos temas fueron centrales en las miradas opositoras: la supuesta pesificación que permitiría el Código y la propiedad comunitaria indígena.
Por ejemplo, el diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR-CABA) calificó como “excelente” la disertación de los jueces pero criticó “el peligro de que existan lagunas en materia de responsabilidad estatal” e indagó sobre la distinción entre el depósito bancario y el régimen general.
“Vélez Sarfield nunca se imaginó que los argentinos íbamos a querer contratar en dólares”, respondió Lorenzetti, quien dejó en claro que “los arts. 765 y 766 no tienen nada que ver con la pesificación”.
“Uno puede contratar en moneda extranjera, no como en Brasil donde está prohibido. Hay una incitación a contratar en moneda nacional pero no se prohíbe contratar en moneda extranjera”, agregó el presidente de la Corte.
En tanto, la diputada Liliana Parada (Unidad Popular-CABA) quiso saber si “habían sido escuchados los pueblos originarios” y el senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy) calificó a la reforma como “un retroceso conceptual” por “la cuestión de la personería y la sujeción al inmueble rural”.
“Discrimina a las comunidades indígenas en la ciudadanía, es un retroceso en sus derechos”, consideró el senador Morales. Incluso, la crítica partió del mismo oficialismo, cuando la senadora kirchnerista Nanci Parilli (Neuquén) recordó que una comunidad mapuche fue reconocida en territorio urbano.
Highton de Nolasco intentó una justificación al considerar que no creía que “lo que hicimos este ligado a una discriminación, sino todo lo contrario, porque tienen más derechos”.
Con su clásico estilo, el senador oficialista Aníbal Fernández cerró una jornada que no tuvo momentos tensos ni discusiones desabridas. “No conozco prenda que no se parezca al dueño, ustedes hicieron un Código que se parece a esta sociedad”, les dijo el bonaerense a los magistrados.
Para la próxima reunión de la Bicameral se convocará al ministro de Justicia, Julio Alak. Cabe destacar que está abierta la convocatoria de cara a las audiencias públicas que se llevarán a cabo mediante un mecanismo similar al utilizado durante la discusión de la ley de servicios audiovisuales. Para participar de las mismas, los interesados deberán presentar una ponencia de un máximo de 20 páginas y tendrán diez minutos para exponer ante los legisladores.
FOTO: http://www.diariojudicial.com
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