La Fundación Directorio Legislativo pide anualmente las declaraciones juradas de todos los diputados y senadores nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lamentablemente, si bien existe la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (N° 25.188) y el derecho de acceso a la información pública reconocido por pactos internacionales suscriptos por nuestro Congreso de la Nación (art. 75, inc.22), y por lo tanto con rango constitucional, este es un proceso engorroso y con sucesivas trabas, si bien debería ser algo de fácil acceso.
En particular, este año hicimos el correspondiente pedido el 18 de mayo en la Cámara de Diputados de la Nación, y aún no hemos recibido respuesta. Para acelerar el proceso tuvimos que concurrir nosotros mismos en persona a la Secretaría Administrativa, donde presentando la documentación adicional correspondiente, se nos comunicó que pronto estaría la información disponible. Por el contrario, en el caso del Senado de la Nación, aún no hemos siquiera podido hablar con el responsable, ya que no devuelven nuestros llamados. En cuanto a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el pedido correspondiente fue realizado el 7 de marzo, y recién a fines de agosto nos han respondido que la información estará disponible los primeros días de septiembre.
Lamentablemente es un proceso por demás engorroso y que se dilata, ya que debería ser información de rápido y fácil acceso. El mecanismo de acceso a las declaraciones juradas y demás información pública, tanto del Congreso de la Nación, dista de estar institucionalizado, ya que no sólo se demora más de tres meses su obtención, sino que se viola el espíritu de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y el derecho de acceso a la información pública.