Las senadoras María Eugenia Estenssoro, recientemente incorporada al FAP, la radical Laura Montero y la cordobesa Norma Morandini (FAP) convocaron a una audiencia pública con el objetivo de realizar un balance a tres años de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Aunque habían sido convocados Santiago Aragón, quien recientemente renunció a la titularidad de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) -el organismo estatal que tiene la función de aplicar y controlar el cumplimiento de la Ley de Medios-; y Tristán Bauer, presidente de Radio y Televisión Argentina S.A., el evento no contó con presencia de funcionarios y se basó en una serie de críticas a la implementación de la normativa.
La primera mesa se propuso analizar el nuevo mapa de medios. Participaron de la misma Henoch Aguiar, docente de la UBA; Guillermo Mastrini, docente UNQUI; y José Crettaz, diario La Nación. El crecimiento de las telefónicas y la “ausencia de una reglamentación clara” sobre las nuevas tecnologías fueron el foco del análisis, además de la “falta de transparencia” en la autoridad de aplicación. “La aplicación de la ley se va a terminar de resolver en la delgada línea que separa el papelón del autoritarismo”, sentenció Crettaz.
Estenssoro, quien moderó la mesa, dijo que la ley había sido pensada desde “cabezas viejas” de modo que la legislación de medios “no está avanzando al ritmo del siglo veintiuno”. Asimismo, en dialogo con la prensa, reclamó el funcionamiento de la Comisión Bicameral que debería velar por el funcionamiento de la ley y se mostró “preocupada” por el panorama después del 7 de diciembre, plazo que fijó la Corte Suprema para la desinversión en caso de multiplicidad de licencias.
En el Salón Azul del Senado, la mendocina Laura Montero moderó la segunda mesa. Antes, también reclamó que “se constituyan las autoridades legislativas” que estipula la Ley Nº 26.522 y que se le “dé espacio a la oposición en los medios estatales”.
El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, centró su exposición en dos cuestiones: la carencia de una ley de regulación de la publicidad oficial y de una normativa sobre el acceso a la información pública. Sobre esto último, dijo que era “uno de los principales déficits” de la administración pública.
Además, Despouy lanzó sus críticas hacia la SIGEN, organismo a cargo de Daniel Reposo, por haber “levantado” información que debiera ser pública de la página web oficial y recordó que la única observación de Reposo tuvo como destino a Papel Prensa.
Lo siguió en la palabra Walter Burzaco, titular de la Argentina de Televisión por Cable (ATVC), quien advirtió que la ley de medios “nació vieja en la convergencia de servicios” y que “nos afecta como usuarios”. Sobre una pantalla, una proyección explicaba que la normativa “afecta a 700 cables pymes”.
Entre sus múltiples críticas, Burzaco consideró que la ley “desplaza a las pymes”, “restringe contenido” y “reduce la pluralidad”, al “desalentar a productores locales”. Según el titular de la ATVC, la ley “degrada al servicio de televisión por cable” y, en la convergencia, “favorece empresas internacionales contra las argentinas”.
“Es ilógico limitar la renovación de licencias a quienes no usan el espectro radioeléctrico”, manifestó Burzaco.
Por último, referido al art. 161 de la ley que estipula la desinversión, dijo que se trataba de “una afectación al derecho a la propiedad” y, a modo de cierre, pidió “avanzar hacia la convergencia para satisfacer a los usuarios”. “Esta ley se olvidó de la gente”, cerró el presidente de la entidad que nuclea a los “cableros”.
La tercera mesa de debate, moderada por la senadora Norma Morandini, contó con la presencia de Eduardo Bertoni, director del CELE y ex relator para la libertad de expresión de la OEA; Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación; y Adriana Amado Suárez, docente de la UNLaM.
FOTO: http://seniales.blogspot.com.ar
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