Dos legislaturas argentinos fueron escenario por estos días de intensos debates sobre proyectos que adoptan el Protocolo de Aborto no Punible; estos son la de la ciudad de Buenos Aires y la de la provincia de Mendoza. En cambio, en el Congreso Nacional, el texto de Legalización de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito aún no tuvo debate alguno y se espera que no reciba tratamiento en lo que queda del año.
La Legislatura porteña aprobó el último viernes la ley que regula los abortos no punibles en los casos de riesgo de vida para la mujer o en embarazos producto de violaciones. Tras un debate que se extendió por más de siete horas, se dispuso la votación de la norma, la cual fue aprobada con 30 votos a favor y 29 en contra. No obstante, legisladores opositores al PRO se mostraron cautelosos ante un posible veto por parte del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
El texto aprobado por los diputados porteños está en consonancia con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el cual las mujeres víctimas de una violación pueden practicarse un aborto sin autorización judicial.
Por su parte, la Cámara de Diputados de Mendoza también aprobó hace dos semanas por mayoría la adhesión a la Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos no Punibles. A pesar de la reticencia oficialista manifestada incluso por el propio gobernador, el kirchnerista Francisco “Paco” Pérez, el proyecto de la radical Liliana Vietti fue girado al Senadores para su sanción definitiva, con 28 votos a favor, contra 11 sufragios negativos.
La media sanción de Diputados pasará por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Salud. Es en esta última donde se pueden producir las mayores demoras, dado que el 70% de sus integrantes está en contra de la iniciativa. La estrategia de los detractores sería la de demorar la discusión en comisiones para que se retrase su llegada al hemiciclo.
El diputado nacional mendocino Enrique Vaquié (UCR) se manifestó sobre la polémica que existe en su provincia y aseguró: “Penalizar a la mujer que luego de haber sido víctima de una agresión sexual desea interrumpir ese embarazo, forzarla a transitarlo y a convertirse en madre bajo esas condiciones es violentarla dos veces”.
En tanto, en representación del FAP, Victoria Donda fue un poco más allá y reclamó el dictado de una ley a nivel nacional. “Contamos con un excelente proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que venimos bregando para que sea tratado. Es una urgencia de salud pública, justicia social y de derechos humanos”, señaló la diputada nacional.
58 legisladores nacionales de todos los bloques políticos acompañan el proyecto de ley de Legalización de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2012; sin embargo, en lo que va del año no se ha debatido puertas adentro del Congreso de la Nación y se espera que tampoco suceda en lo que resta del 2012.
Según datos oficiales de las Naciones Unidas y del Ministerio de Salud de la Nación, los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna en nuestro país; una mujer muere cada 2 días por complicaciones derivadas del aborto clandestino y se realizan alrededor de 500.000 interrupciones voluntarias del embarazo por año.
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