El proyecto de acceso a la información pública, que contaba con media sanción del Senado, perdió estado parlamentario. Hasta el momento, la posibilidad de acceder a la información pública está reglamentada sólo en el ámbito del Poder Ejecutivo, a través de un decreto firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2003.
Desde el año 2001 el Congreso intenta sancionar una ley que garantice a todos los ciudadanos el acceso a la información en arcas del Estado. Sin embargo, no fue hasta el año 2010 en que el Senado pudo lograr el consenso necesario para dar media sanción a un proyecto que apunte a reglamentar los mecanismos de acceso a la información.
En aquel momento, el senador Samuel Cabanchik (PROBAFE-CABA), reunió en su proyecto las voluntades de representantes de todos los bloques del Senado. En su primer artículo, la iniciativa garantiza “a toda persona física o jurídica el libre acceso a la información pública y promover la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados de administrar los asuntos públicos”.
No obstante, y a pesar de la insistencia de diversas organizaciones de la sociedad civil -como Fundación Directorio Legislativo, ADC, CIPPEC y Poder Ciudadano-, al pasar a la Cámara de Diputados el proyecto se encontró con la negativa del oficialismo para ser tratado.
Sobre el cierre del actual período -el último antes de que el proyecto perdiera estado parlamentario- varios diputados de la oposición pidieron su tratamiento sobre tablas. Tal fue el caso del diputado Manuel Garrido (UCR-CABA), Margarita Stolbizer (GEN-Buenos Aires) y Paula Bertol (PRO-CABA).
A pesar de que el acceso a la información pública volverá a foja cero, en diciembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner, firmó el Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública, que permite solicitar información al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él.
A partir de dicho decreto, es posible acceder a la información pública en los diversos ámbitos ejecutivos. Sin embargo, no sucede lo mismo a la hora de dirigirse al Legislativo o Judicial. De allí la importancia de contar con una ley nacional, sancionada por el Congreso, que establezca mecanismos claros para que la ciudadanía pueda reclamar y recibir información pública cumplimentándose así los estándares internacionales.
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