Durante 2012, la Cámara de Diputados de la Nación tuvo la oportunidad de modificar la actual ley de trata de personas Nº 26.364. Este instrumento legal ha demostrado sus propias deficiencias para dar respuestas a la complejidad de esta problemática. Entre otras, en la ley vigente el consentimiento dado por las víctimas es casual de exención de responsabilidad penal por parte de sus tratantes, sin contemplar la situación de presión y vulnerabilidad a la cual son sometidas; la falta de un plan de atención y remediación a las víctimas; y la ausencia de planes nacionales de prevención y lucha contra las redes de trata de personas.
Luego del 31 de agosto de 2011, la Cámara Baja recibió del Senado de la Nación un proyecto con media sanción modificando la ley de trata de personas. Ese proyecto, votado por unanimidad, aventaja a la actual normativa en varios aspectos. Entre los más relevantes se puede mencionar que: se elimina el consentimiento de la víctima para tipificar los delitos, adecuándose a la “Convención para la Trata de personas y explotación de la prostitución Ajena” (ONU 1949) y la “Convención contra Toda forma de discriminación hacia la Mujer” CEDAW, (ONU 1979); se eliminan los medios comisivos; contempla la restitución a las personas víctimas de explotación de derechos sociales, económicos y culturales incluidos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de DDHH ratificados por el país y alguno de ellos incorporados a la misma, como la CEDAW, los pactos de “Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y el de “Derechos Civiles y Políticos”.
Lamentablemente, los diputados responsables de avanzar en el proceso legislativo para lograr un nuevo instrumento capaz de abordar la compleja trama de la trata de personas no lograron un acuerdo en tal sentido, ni aún en una primera instancia de tratamiento.
Junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, Fundación Directorio Legislativo hizo varias acciones con el fin de incidir en la Cámara de Diputados para que sus representantes legislen una nueva ley que considere la voz de las organizaciones y que de mejores respuestas que la normativa vigente.
De cara a 2013, es inminente que frente a un nuevo año legislativo nuestros representantes asuman la responsabilidad que les es delegada y sean permeables al conocimiento y experiencias de quienes día a día se enfrentan a casos de trata de personas.
Sin un compromiso político intra e interpartidario será aun más dificultoso llegar a buen puerto. La sociedad argentina necesita tomadores de decisión con vocación para modificar una realidad compleja donde en muchos casos la connivencia de los poderes públicos y las fuerzas de seguridad avasallan tanto los derechos humanos como las posibilidades de justicia.
En tal sentido, incentivamos a nuestros legisladores a transitar ese camino y así logar una nueva ley de trata de personas durante este período extraordinario.