A pesar de que en años electorales, el Congreso suele bajar su productividad, el presente período promete ver a nuestros legisladores nacionales agitados. A la agenda parlamentaria anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la Asamblea Legislativa, se agregan las iniciativas que quedaron pendientes del año pasado y otras propuestas que responderían a cuestiones de coyuntura, tales como resarcimientos a las víctimas de la AMIA, y la reapertura de la Ley Cerrojo.
Durante su discurso en la inauguración del 131 período de sesiones ordinarias, la primera mandataria anunció que enviará un paquete de proyectos de ley al Congreso con el objetivo de democratizar la justicia.
Tras descartar una iniciativa para que los jueces paguen ganancias -“esa es una ley sancionada, la última palabra corresponde a la Corte Suprema”, dijo-, la presidenta de la Nación adelantó la intención de que los integrantes del Consejo de la Magistratura estén sometidos a la elección popular. “Ni los jueces, ni los abogados tienen coronita para elegirse entre ellos”, sentenció.
Además, el PEN va a impulsar la creación de la Cámara de Casación en lo Civil y Comercial, otra en lo Contencioso y Administrativo, y otra Previsional y Laboral. “De modo tal que en las 4 ramas fundamentales tengamos una 3ra instancia que aligere y de mayor transparencia a todo el sistema judicial”, explicó Fernández de Kirchner.
Y agregó: “El Poder Judicial no puede ser un lugar donde sólo acceda quien es ‘conocido de’ o ‘pariente de’”. Tal es así, que se democratizará el acceso al sistema judicial a través de un sistema de concurso público para que todo ciudadano que reúna las calidades, los requisitos y apruebe los exámenes que se establezcan esté en condiciones de ingresar.
En su discurso, Cristina postuló que debe haber un registro de causas y publicidad para que cualquier ciudadano sepa cuáles son las causas que tienen los jueces y por cuánto tiempo. Y anunció dos leyes más muy importantes: una referida a medidas cautelares y otra de responsabilidad del Estado.
Finalmente, se impulsará una iniciativa para que sean públicas todas las declaraciones juradas de todos los que integramos el poder público del Estado. “Esto es necesario e imprescindible. Si un señor en un juzgado decide sobre nuestro patrimonio y libertad, tenemos derecho a saber”, opinó la primera mandataria. Se espera que este paquete de medidas llegue al Congreso durante el mes de marzo.
Otro de los anuncios realizados por Cristina tuvo que ver con el pago a los denominados “fondos buitres”. Así, advirtió que se les pagará sólo si se aceptan las mismas condiciones que se pusieron al 93 por ciento de los acreedores que aceptaron la reestructuración de la deuda en 2005 y 2010.
En caso de que así sea, el Congreso deberá derogar la “Ley Cerrojo”, para permitir temporalmente la reapertura del canje de de títulos públicos de la deuda, luego de que fuera cerrada en 2010. Se espera que los legisladores traten este tema en abril, cuando la justicia norteamericana se expida sobre la propuesta de la quita argentina.
Como cuenta pendiente del año pasado, quedó la reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial. El año pasado, tras la conformación de la Comisión Bicameral, diputados y senadores se dedicaron a repasar las modificaciones que pretenden introducir a la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, el 2012 terminó sin siquiera un borrador de dictamen consensuado. Así, se espera que este año el Código Civil y Comercial sea debatido tanto el recinto de Diputados como en el del Senado, para que sea ley antes de las elecciones de agosto próximo.
Asimismo, según fuentes legislativas consultadas por Directorio Legislativo, podría ingresar durante este período la propuesta del Poder Ejecutivo para reformar el Código Penal. Sin embargo, el texto aún está siendo trabajado por la comisión redactora en el marco del Poder Judicial, y de ingresar al Congreso, lo más probable es que, elecciones de por medio, no se cuente con el tiempo necesario para su tratamiento.
Otra de las cuentas pendientes del año pasado, fue la Ley de Semillas. Al respecto, en las Comisiones de Agricultura y Ganadería de ambas cámaras se espero todo el año pasado al ingreso de la iniciativa que se redactó en el marco de un espacio de negociación que reunió al Ministerio de Agricultura de la Nación y las entidades ruralistas; pero eso nunca sucedió. Además, el Congreso tiene pendiente el debate sobre la Ley de Agroquímicos, que regula el uso de glifosato en actividades agropecuarias.
Finalmente, se estima que los senadores avancen con sanción definitiva con la sanción de un proyecto de ley que pena el trabajo infantil. La propuesta obtuvo media sanción de Diputados durante la sesión del pasado 21 de noviembre. En su texto, se tipifica como delito al trabajo infantil en el Código Penal, y se fijan condenas de entre dos y cuatro años para quienes utilicen a menores de 16 años en provecho propio o de un tercero.
En la norma se establecen tres excepciones, una para el caso de los menores que trabajen en empresas familiares; otra que estipula como edad mínima los 15 años; y la última que deja afuera de la prohibición aquellos contratos de menores de 16 años celebrados con anterioridad a la promulgación de la ley.
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