El asesinato de Ángeles Rawson puso en el centro del debate la creación de un registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
A tono con este reclamo, la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Diputados, a cargo de la kirchnerista Silvia Risko, convocó a una reunión para este semana con el fin de estudiar los proyectos que avanzan en tal sentido.
“¿Cuántas muertes más tienen que pasar para que los diputados aprueben el proyecto para crear el registro nacional de datos genéticos de abusadores y violadores, que está durmiendo desde mediados de 2011?”, reclamó la senadora por Salta, Sonia Escudero (8 de octubre), una de las autoras de la iniciativa.
“Es una herramienta que ya utilizan muchos países en el mundo para este tipo de delitos que tienen un altísimo nivel de reincidencia. El oficialismo tiene amplia mayoría en Diputados. Sólo hace falta voluntad política para que el proyecto se convierta en ley. Es un tema que la sociedad está reclamando”, advirtió Escudero.
La iniciativa fue aprobada en el 31 de agosto de 2011 en el Senado –por segunda vez, la primera vez la aprobó en 2008 y perdió estado parlamentario en la cámara baja-.
El proyecto propone crear un registro de datos genéticos para facilitar el esclarecimiento de delitos sexuales, “ya que en estos casos las pruebas genéticas son definitorias”, explicó Escudero.
Funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y almacenará datos provenientes de dos fuentes: “contará con datos genéticos de personas condenadas con sentencia firme y también con información biológica recogida en la escena del crimen o de la víctima del delito”, aclaró la senadora.
Su acceso será restringido a miembros del Ministerio Público Fiscal, a jueces y a tribunales de todo el país en el marco de una causa judicial por delitos contra la integridad sexual.
Los datos de los condenados que constarán en el registro serán los siguientes: nombre y apellido; apodos, seudónimos o sobrenombres; foto actualizada; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; documento de identidad; domicilio actual -para lo cual el condenado, una vez en libertad, deberá informar los cambios de domicilio-; y la información genética.
Un dato fundamental: la información será almacenada durante 100 años, contados desde el inicio de la causa judicial.
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