Luego de que Félix Díaz, representante de la comunidad Qom, fuera recibido por el Papa Francisco, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, bajo el mando de Aníbal Fernández, debatirá esta semana una prórroga a la ley de emergencia de la propiedad comunitaria indígena hasta el 23 de noviembre de 2017.

Estarán en la mesa de debate cuatro proyectos –de autoría de Gerardo Morales, Liliana Fellner, Walter Barrionuevo y Ana María Corradi de Beltrán- destinados a extender los plazos de la ley nacional Nº 26.160 por medio de la cual se suspende la ejecución de sentencias, actos procesales y administrativos, cuyos objetos sea el desalojo o desocupación de aquellos territorios de “posesión” y de “propiedad” comunitaria.

Dicha norma, sancionada el 1 de noviembre de 2006, también ordenó al instituto Nacional Indígena el relevamiento técnico jurídico catastral de la situación de las tierras ocupadas por estas comunidades.

“Mucho es lo que se ha avanzado en esta materia tan compleja, pero no menos cierto es que aún quedan algunas situaciones pendientes de resolución, que imponen la necesidad de extender nuevamente el plazo de dicha ley a efectos de contemplar en forma integral el universo de casos”, argumenta la senadora jujeña Liliana Fellner.

El igual sentido, el ex gobernador de Jujuy, Barrionuevo, considera en los fundamentos de su texto que “es de interés del gobierno de mi provincia la prórroga de la norma”.
Desde la oposición, el radical Gerardo Morales también expone que la prórroga que se propone “brindará un marco de seguridad a las comunidades, al tiempo que establecerá claras limitaciones para evitar agravios a los pueblos indígenas por la propia acción estatal”.

El texto dispone un crédito de diez millones de pesos para cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de la ley.

Esta convocatoria en el Senado se enmarca en la reciente reunión del Papa junto a Félix Díaz, quien le pidió que “interceda” ante la presidenta Cristina Kirchner para que se reúna con el sector y “resuelva” los conflictos de los pueblos originarios.

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