El proyecto de ley que crea un Régimen de Protección Integral para Personas Trasplantadas obtuvo dictamen de la Comisión de Legislación del trabajo, que preside el diputado laboralista Héctor Recalde (FPV-PJ-Buenos Aires). Los pacientes trasplantados, invitados a la reunión, agradecieron a los diputados y pidieron por su rápido tratamiento.
Casi sin debate alguno por el consenso logrado entre todas las fuerzas políticas, el proyecto de ley de protección especial para los pacientes trasplantados, impulsado por la senadora Sonia Escudero (Peronismo Fed.-Salta) y que ya cuenta con media sanción por unanimidad de la Cámara de Senadores, recibió el aval de los diputados comandados por Recalde.
“El proyecto obliga al Estado a garantizar un ingreso equivalente a una jubilación mínima para este grupo de personas, que no son considerados discapacitados pero tampoco reciben el alta médica”, explicó el abogado laboralista.
Según la legislación vigente, el trasplantado que tiene un trabajo formal está protegido por entre 3 y 12 meses, lapso durante el cual sigue cobrando su salario. Una vez vencido ese plazo, le guardan el puesto de trabajo, sin goce de sueldo, por 12 meses más. Pero como no reciben el alta jamás, pierden el empleo sin recibir indemnización alguna.
En tanto, los trasplantados no pueden superar un examen pre-ocupacional porque están inmunosuprimidos de por vida (para que su organismo no rechace el órgano implantado), lo que hace que sea prácticamente imposible que puedan ingresar al mercado laboral formal.
“Lo que nosotros queremos es que se nos garantizar una buena calidad de vida, dado que la vida nos dio una segunda oportunidad. Este proyecto es necesario porque nos da la posibilidad de continuar con nuestra vida normal”, exigió Rorberto Iza, un paciente trasplantado.
Por su parte, Claudia Mosler contó que tiene 44 años y 28 de transplante renal, la “mayor parte de mi vida”, agregó. “Para una mujer y encima trasplantada el problema laboral es mayor. Yo pude formar una pareja, tener un hijo pero no pude trabajar, pese a que tengo dos títulos”, concluyó.
Según estadísticas elaboradas por el INCUCAI, se efectúan alrededor de 1.334 trasplantes anuales. De los más de 4 mil pacientes que se comunicaron con el organismo entre 2010 y marzo de 2013 el 29% manifestó tener un empleo; el 36,6% manifestó estar desempleados -de los cuales el 9,9% aclaró que por elección.
El proyecto contempla un pase de transporte para los pacientes trasplantados (como el que tienen las personas con discapacidad); además dispone importantes beneficios impositivos para las empresas que den trabajo a un trasplantado (permitiéndoles deducir del pago ganancias el 70 por ciento de los sueldos pagados); y garantiza a los pacientes en situación de desempleo, el acceso a una asignación equivalente a una jubilación mínima.