La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado debate un proyecto que busca modificar la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a evitar los despidos por embarazo.
El texto de autoría de los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso sustituye los Arts. 177 y 178 de la Ley Nº 20.744, respecto de la notificación de la trabajadora en situación de embarazo a su empleador.
En primer lugar, el proyecto establece la prohibición del trabajo del personal femenino durante los 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del mismo. La interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a 30 días.
Además presume, salvo prueba en contrario, que “el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio meses anteriores o posteriores a la fecha del parto”.
En tales condiciones, acaecido el despido, la trabajadora “podrá solicitar la reinstalación en su puesto de trabajo o reclamar conjuntamente con las indemnizaciones derivadas del despido el pago de una indemnización”.
Una de las asesoras que trabajó en la redacción del proyecto dijo que la intención del texto es “proteger a las embarazadas, todos sabemos que sufren las injusticias laborales”.
Asimismo lo calificó como un proyecto “inconveniente y feminista”, basado en la eliminación del aviso de embarazo hacia el empleador y en el reclamo de una indemnización agravada en caso de despido por embarazo.
“La exigencia de la notificación fehaciente es un legado de la dictadura que ya deberíamos haber cambiado”, propuso la asesora del Peronismo Federal. Sus argumentos generaron una amplía discusión entre los asistentes, quienes rechazaron la eliminación de la notificación. “Tiene que haber un compromiso de aviso al empleador”, cuestionaron.
Del mismo modo, dijeron que “el legislador tiene que estar más allá de la jurisprudencia”, en relación a los fallos que cita el expediente en cuestión. El texto, después de las críticas, esperará la resolución política de parte de la presidencia de la Comisión para avanzar en su tratamiento.
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