El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rindió cuentas el jueves 03 ante los diputados y adelantó que gobierno nacional enviará al Congreso un conjunto de iniciativas para reducir el trabajo informal en un plazo de menos de dos años. El objetivo es “perforar el piso del 30 por ciento de trabajo no registrado”, que actualmente se encuentra en torno del 34 por ciento de la población económicamente activa, explicó el funcionario.
Los proyectos a tratarse serían dos y mantienen los lineamientos del Plan Integral de Combate al Empleo no Registrado diseñado por el Ministerio de Trabajo e incluye medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado, creación de un listado de empresas infractoras, reducción en las contribuciones patronales para las micro y pequeñas empresas y extensión de convenios de corresponsabilidad para facilitar el acceso a la seguridad social para los trabajadores del ámbito agroalimentario.
El objetivo es reducir el nivel de informalidad para 2015 debajo del 30 por ciento. Capitanich detalló que el proyecto prevé “el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo, una modificación del sistema de seguridad social sobre unificación, regularización laboral y la prórroga de la ley de corresponsabilidad gremial”. El plan fue elaborado por la cartera que encabeza Carlos Tomada, en consulta con referentes empresarios y sindicales que integran la denominada Comisión de Trabajo creada en el marco del diálogo tripartito.
Los proyectos fueron presentados en diciembre pasado a cámaras empresarias y centrales sindicales en el marco del diálogo social y que abarca la creación de un registro público de empleadores sancionados por maniobras de fraude laboral y la implementación de un régimen simplificado de pago único para microempresas de entre tres a cinco empleados.
Uno de los ejes del plan es la creación de un régimen simplificado de pago único para microempresas de entre 3 a 5 empleados, conocido como “monotributo laboral”. Ese esquema fijará una tarifa única en torno a los $ 1.500 para las firmas que declaren trabajadores con salarios hasta $ 4.500 y un pago único que rondará los $ 2.200 cuando se trate de trabajadores con sueldos de entre $ 4.500 a $ 7.000, según deslizaron voceros que participaron de la elaboración de la iniciativa.
El régimen será extensivo también para aquellas pequeñas empresas que ya tienen a su personal registrado y que a partir del nuevo esquema se beneficiarán con una reducción de las actuales cargas y contribuciones laborales que, según algunas estimaciones, rondaría el 25%.
Por otra parte, el paquete incluye la creación de una suerte de “veraz laboral”, un registro público de empleadores sancionados por maniobras de fraude laboral o empleo no registrado, una iniciativa que generó fuerte polémica con los empresarios, que consideran la propuesta como “una caza de brujas” que no aporta soluciones de fondo.
El plan se completa con una iniciativa destinada a fortalecer el poder de fiscalización del Ministerio de Trabajo en las provincias y con la ampliación del cuerpo de inspectores laborales.
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