Dos nuevos proyectos que solicitan al Gobierno la reglamentación de la Ley de Trata (26.842) ingresaron a la Cámara de Diputados. Un pedido provino del socialismo pero, curiosamente, el segundo surgió del seno del kirchnerismo.
En este sentido, el diputado José Vilariño (FPV-PJ-Salta), en tono conciliador, sostuvo que “vería con agrado” que el Poder Ejecutivo reglamentase esa norma. “Las víctimas de la trata terminan quedando atrapadas por aberrantes redes delictivas que trabajan con formas de sometimiento económico mediante la retención de salarios, un sistema de multas por quejas de clientes, faltas y peleas, así como descuentos en alojamiento, comida, limpieza, vestimenta y hasta preservativos si quieren “cuidarse” de enfermedades de transmisión sexual y embarazos durante las relaciones que están obligadas a mantener”.
Luego contó que las mujeres “son amenazadas con represalias a sus familiares si se fugan”. “La trata de personas se inicia mayoritariamente con la captación de víctimas vulnerables, las cuales mayoritariamente han manifestado ser madres con hijos a cargo y tener graves problemas económicos, lo que las impulsa a aceptar alternativas laborales precarias, ambiguas, imprecisas o que suponen un alejamiento de sus familias y sus redes de contención. La mayoría de las mujeres en estas condiciones aceptan ofertas de trabajo doméstico, de meseras o niñeras. Luego son trasladadas en autos o en micros hasta el lugar de su destino, desconocido hasta ese momento”, detalló.
Pero también el socialismo pidió que el Ejecutivo reglamente la norma porque “una herramienta necesaria, aunque no la única, para combatir este flagelo”. “Si no garantizamos la reglamentación nuevamente estaremos definiendo un derecho en un papel sin que se materialice en las personas”, manifestaron.
En esa línea, criticaron: “La postergación por parte del Estado Nacional evidencia una falta de compromiso en la lucha contra la trata, en el acompañamiento de las víctimas, en la puesta en marcha de políticas públicas y en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía”.