Preocupados por la situación que están atravesando los habitantes de Formosa,
Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos por las inundaciones, los senadores
nacionales Eugenio “Nito” Artaza (UCR) y José María Roldán (Fte de Todos-Corrientes)
presentaron proyectos de ley solicitando que toda la región del noreste argentino sea
declarado “zona de emergencia”.
La iniciativa de Artaza declara “zona de emergencia energética, económica, social,
sanitaria y productiva”, por el termino de ciento 180 días, a las regiones aledañas a los
ríos Paraná, Pilcomayo, Bermejo y Paraguay de las provincias de Misiones, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires.
Se trata de las regiones afectadas por la crecida del río Paraná y la apertura de la
represa de Yacyretá. La declaración de emergencia implica que el Gobierno nacional
deberá destinar partidas presupuestarias especiales para paliar la situación.
Por su parte, el proyecto de Roldán declara “zona de desastre, emergencia económica
y social, por el plazo de 180 días prorrogables por igual término, a las zonas de la
Región NEA alcanzadas por la inundación provocada por las crecidas de los ríos Iguazú
y Paraná.”
El senador Roldán manifestó en los fundamentos que “la crecida de los ríos Paraná
e Iguazú afectan sensiblemente a la Región del NEA. en particular en las ciudades de
Montecarlo, Caraguatay y Puerto Piray y las ciudades correntinas de Ituzaing, Itá Ibaté,
Itatí, Paso de la Patria, Corrientes, Empedrado, Bella Vista, Goya y Esquina”.
En el proyecto de ley se pide que se faculte al Poder Ejecutivo “implementar medidas
de emergencia para atender la situación social, y regímenes especiales de pago de
contribuciones e impuestos para los productores locales afectados.”
En particular Roldán hace mención a la necesidad de “la recomposición del tejido
productivo de la región, de base agrícola y ganadera, que tendrá que ser acompañada
con políticas de emergencia económica en materia tributaria y crediticia. Los miles de
pequeños productores y trabajadores deberán ser contenidos por el Estado para no
quebrar, ya que se han visto afectados su giro comercial y su capital”.
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