Los diputados de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados dictaminaron el proyecto que prohíbe la publicidad de avisos de oferta sexual en los medios de comunicación. Expusieron la Asociación de Meretrices y Transexuales, en repudio de la ley. A favor lo hizo la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual. Se llamó a cuarto intermedio para intentar modificar el proyecto pero finalmente se mantuvo en su versión original. El dictamen fue de mayoría del bloque del Frente para la Victoria. Hubo dictamen de minoría de la oposición.
La Comisión, presidida por el oficialista Mario Oporto (FPV-PJ-Buenos Aires), analizó el proyecto del diputado camporista Andrés Larroque (FPV-PJ-CABA), que busca impedir que se publique cualquier tipo de aviso o publicidad de oferta sexual en los medio de comunicación, incluyendo Internet, para así prevenir los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Larroque fue el primero en hacer uso de la palabra: “El mayor infractor es el Grupo Clarín”, afirmando que no adhiere al Decreto 986/2011 que prohíbe este tipo de avisos. Asimismo, adujo que “de los 450.000 casos monitoreados, 231.000 están en infracción y son de Clarín”. Y por último aseguro con vehemencia: “El grupo Clarín lo que hace es camuflar la trata en otros rubros”.
La reunión contó con la exposición de una representante de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) que repudió el proyecto: “No somos víctimas de trata, somos trabajadoras sexuales precarizadas y este proyecto nos expone a mayor vulnerabilidad”. Asimismo, desde AMMAR denunciaron que esta propuesta “criminaliza a las trabajadoras sexuales” y cuestionaron si realmente existe una voluntad política por trabajar por la autodeterminación de ellas. La moción fue apoyada por ATTA, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina.
También expusieron representante de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual que aseguraron: “Hay un núcleo duro que se resiste”, haciendo referencia que el Grupo Clarín “persiste” y no cumple con las intimaciones realizadas. Los funcionarios aseguraron que no es su intención perseguir a las trabajadoras sexuales autónomas pero apoyan este proyecto de ley “porque no tenemos un instrumento normativo sólido para procesar las denuncias”.
Desde un principio, diputados de la oposición recriminaron que la propuesta de Larroque se trataba más bien de una lucha contra el grupo de medios que en pos de sancionar un proyecto que busque eliminar la trata de personas.
Para comenzar con las voces en contra, Federico Pinedo (PRO-CABA) sostuvo: “Si se clarifica la diferencia entre trata y oferta sexual está bien”, caso contrario advirtió que harían un dictamen en minoría. También la diputada Patricia Giménez (UCR-Mendoza) aseguró: “Si prohibimos los avisos, pasamos todo a un plano ilícito y ponemos a las trabajadoras sexuales en un marco de irregularidad e ilegalidad”.
Por su parte, Alcira Argumedo (Mov. Proyecto Sur-CABA) afirmó: “Se toma una medida global que no soluciona el problema y esto no va a solucionar el tema de la trata”, y solicitó establecer los mecanismos de regulación para poder dictaminar el proyecto.
Desde el radicalismo, Víctor Maldonado (UCR-Chaco) denunció: “Falta reglamentar la ley de trata” y agregó: “Esta ley sólo apunta a castigar a este grupo de trabajadoras sexuales y no va a resolver la problemática de la trata y la explotación”.
El punto de conflicto surge del artículo 2 del proyecto de ley, acerca de las sanciones. El mismo consigna: “Prohíbanse los avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, a través de cualquier medio de comunicación conforme surge de la enumeración establecida en el artículo 3º de la Ley Nº 25.750 y cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen”.
Los diputados de la oposición coinciden que, redactado de esta forma, no permite su trabajo de ninguna manera. Sugirieron agregar la regulación y excepciones y aclarar, por ejemplo, que las personas que publiciten avisos sexuales deban brindar su nombre completo, dirección DNI y lugar de trabajo. Larroque respondió y dijo que “hay que entenderlo en el contexto de trata de personas”.
Mario Oporto (FPV-PJ-Buenos Aires), se expidió al respecto, haciendo fuerza para dictaminar el proyecto: “Lo que se persigue es la trata, no a las trabajadoras autónomas”. En un principio, intentaron pasaron a un cuarto intermedio y reunirse la semana próxima, para analizar la modificación del artículo con tiempo, pero finalmente el Presidente de la Comisión decidió hacer un cuarto intermedio de quince minutos.
Para sorpresa de los diputados presentes, el proyecto no fue modificado y obtuvo dictamen de mayoría del FPV. La oposición, por su parte emitió su dictamen de minoría.
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