El proyecto de ley de agroquímicos del senador justicialista, César Melchiori, avanza en reuniones extraoficiales en las que se escuchan las opiniones de diversos sectores involucrados con la temática. En el último tiempo, el senador ha mantenido reuniones en su recorrida por el interior de la provincia en las que fue incorporando observaciones y sugerencias de diversos actores sociales al proyecto de ley en el que se encuentran trabajando.

Acerca de los plazos de tratamiento del proyecto en el recinto, se especula con que pueda ser abordado en el primer semestre del próximo año, una vez que se logre un proyecto consolidado, que incorpore los aportes que fue recibiendo en este proceso de consultas. Teniendo en cuenta que se trata de una deuda pendiente de la legislatura entrerriana, además del peso propio que reviste el tema, adquiere un peso mayor en la coyuntura electoral que se avecina.

En términos generales, y de acuerdo con lo informado por el equipo técnico del senador, la iniciativa cuenta con amplio respaldo de los diversos sectores involucrados, aún del productivo. Aseguran que si bien tiene un carácter más restrictivo que el proyecto de Arletazz y Cresto, no impide la producción sino que regula la forma de aplicación de acuerdo a estándares internacionales.

El proyecto busca establecer el marco jurídico en todo el territorio de la provincia, respecto de los productos químicos y biológicos, empleados en la protección, crecimiento y desarrollo de todas las especies de producción agrícola y forestal, la agroindustria, la preparación de suelos destinados a la siembra y plantaciones y el cuidado de áreas de esparcimiento, con el fin de resguardar y proteger la salud humana, la biodiversidad y los recursos naturales.

La iniciativa define como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente Sustentable de la provincia. Se prohíben las fumigaciones aéreas salvo en casos “excepcionales”, cuando no existan “alternativas viables” y se restringe a mil metros de viviendas y cursos de agua las pulverizaciones terrestres. Además, crea un registro de productos químicos que deben ser clasificados en base a los riesgos que produzcan en la salud y el ambiente.

 

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