A pesar de que se encuentra en receso, el Poder Legislativo tiene un amplio abanico de posibilidades de actuación que llegan incluso a la destitución de funcionarios.
Antes de embarcarse en la trabajosa tarea de enumerar todos los posibles cursos de acción del Congreso a partir de la muerte de Alberto Nisman, es indispensable hacer una primera apreciación: con mayoría propia en ambas Cámaras, el oficialismo decidirá si el Poder Legislativo se involucra en el tema o se mantiene al margen.
Los primeros indicios sobre el rol que tendrá el Congreso en la causa no son alentadores para quienes anhelen un papel protagónico del Parlamento: ningún legislador del Frente para la Victoria o sus aliados acudió el lunes al encuentro de la comisión de Legislación Penal a la que informalmente había convocado la diputada opositora Patricia Bullrich para que el fiscal explicara los pormenores de su investigación y consecuente pedido de indagatoria para la Presidente y demás funcionarios.
Es cierto que el oficialismo tenía previsto acudir a la cita para confrontar con Nisman. “Vamos a ir (al encuentro) con los tapones de punta”, había adelantado la semana pasada Diana Conti. Pero tras el desenlace por todos conocido, la tropa comandada por Juliana Di Tullio ni siquiera amagó con presentarse a la reunión.
Otra variable a considerar -previo a revisar con qué herramientas cuenta el Poder Legislativo- es el período por el que transcurre el Parlamento: actualmente el Congreso está receso desde el último día hábil de diciembre. Eso quiere decir que para que cualquiera de las dos Cámaras tome una decisión de carácter formal el Poder Ejecutivo deberá convocar a sesiones extraordinarias. De lo contrario, los legisladores y las comisiones sólo podrán emitir resoluciones de carácter declarativo a título personal y sin ningún peso institucional.
¿Hasta cuándo se extiende la “veda legislativa”? Diputados y senadores deberán esperar a la apertura de las sesiones ordinaras, que se realizará el 1° de marzo con el habitual discurso de la Presidente. Recién a partir de esa fecha podrán impulsar iniciativas de su autoría, ya que en una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias el temario quedaría cerrado a los proyectos específicamente mencionados por el Ejecutivo en la citación.
Precisamente, el tan cuestionado memorándum de entendimiento con Irán que en principio buscaría esclarecer el atentado de la AMIA fue analizado por el Congreso en febrero de 2013, luego de que el Poder Ejecutivo convocara a extraordinarias. El precandidato presidencial Sergio Massa ya pidió este lunes a la Presidente en conferencia de prensa que habilite el tratamiento de la derogación del acuerdo -justamente- a través de sesiones extraordinarias.
El Congreso también podría citar a funcionarios para intentar esclarecer lo sucedido. Así lo establece el artículo 71 de la Constitución nacional: “Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”. Justamente este lunes, el diputado de Izquierda, Néstor Pitrola, reclamó de palabra la presencia del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y del Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en el encuentro informal convocado por Bullrich.
Otra herramienta de la que podría valerse el Parlamento en este caso es el juicio político, que destituye al funcionario del cargo que ocupa sin que esto tenga consecuencias en Tribunales. Sin embargo, el mecanismo resulta de difícil implementación porque requiere el voto positivo de al menos dos tercios de los legisladores de ambas Cámaras, algo imposible de lograr para cualquier espacio político con la actual correlación de fuerzas. El último antecedente de pedido de juicio político fue el fallido intento opositor de acusar a Amado Boudou, procesado en el caso Ciccone, que culminó con un rechazo “in limine” del oficialismo en Diputados.
Además, el Parlamento estaría facultado a crear una comisión bicameral –llamada así porque está compuesta de diputados y senadores- que se aboque al tema, a través de una resolución conjuntafirmadas por los presidentes de ambas Cámaras. Ya hay un antecedente parlamentario en este sentido con dudoso éxito: en 1996 se constituyó una comisión bicameral de seguimiento de los atentados, que fue integrada por Cristina Kirchner, primero como senadora y luego como diputada. Lejos de llegar a los culpables de perpetrar el atentado, la comisión apenas contribuyó al planteamiento de la conexión local.
Sin incidencia directa sobre la causa pero con vistas al futuro otra medida que podría adoptar el Congreso es la reforma de la ley de Inteligencia, algo solicitado incluso este lunes por Horacio Verbitsky en la TV Pública. “Sería justo que se pueda controlar cómo actúan los servicios secretos en las causas judiciales, para que no sea todo tráfico clandestino entre el fiscal, el juez y el espía. Este es el momento para que el Ejecutivo cumpla con este compromiso que había asumido, sería un homenaje a las víctimas del atentado”, se dirigió a las cámaras con manejo actoral de la escena.
Al cierre de esta columna, el oficialismo realizaba una conferencia de prensa en el Congreso. Insistentemente, Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, y Juliana Di Tullio, presidente de bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja, se preguntaban por los motivos de Nisman para regresar al país antes de que terminaran sus vacaciones y por las conversaciones que el fiscal pudiera haber tenido en los últimos días para tomar la decisión de quitarse la vida. Tras poco más de diez minutos de monólogo no habían anunciado ninguna medida que involucrara al Congreso en el esclarecimiento de la muerte de Nisman ni de la causa AMIA.