Las facultades de la AFI aún no están definidas: habrá que esperar a que el proyecto sea presentado en el Congreso para conocer el alcance de la nueva Agencia. Sin embargo, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró en su anuncio por cadena nacional que “La inteligencia nacional consiste en recolectar información referida a hechos que afecten a la seguridad de la Nación y sus habitantes. Para la prevención de terrorismo, trata de personas, ciber delitos y delitos contra orden económico y financiero”. Especialistas se atreven a afirmar que probablemente este nuevo organismo no realice fiscalizaciones ordinarias, sino que esto continuará a cargo de AFIP y de la justicia penal económica.
Consultado por Directorio Legislativo, Feliz Loñ, abogado y especialista en derecho constitucional, consideró que los servicios de inteligencia investigan causas de lavado de dinero, por ejemplo, lo que podría influir directamente en el sistema financiero, pero de todas formas no pudo confirmarlo fehacientemente porque no tiene el proyecto a disposición.
Por su parte, Gabriela Gaorne, que forma parte de la división penal tributaria, de la Dirección general de Rentas de la Ciudad (AGIP) afirmó que el nuevo proyecto posiblemente no influirá directamente en el sistema financiero, pero si en el tratamiento de la investigación, donde por ejemplo, la Procuradora general de la Nación, hoy Alejandra Gils Carbó, tendrá a su cargo las escuchas judiciales. Asimismo si existiera una denuncia contra alguna empresa, el organismo contaría con la competencia para investigarla, confió.
La especialista en el tema además aseguró que actualmente existen organismos que se encargan de la investigación de los delitos económicos y financieros -establecidos en el Código Penal y la Ley Penal Tributaria- como ser la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) o el Ministerio Público Fiscal. Garone dijo que puede haber un cambio en las competencias, pero no cree que haya una injerencia directa en el sistema. “Aún no puedo dilucidar la influencia en el sistema financiero, creo que el objetivo es darle más transparencia al sistema de inteligencia”, remató.
Según Débora Huczek, especialista en Derecho Penal, la Agencia de inteligencia que creará el gobierno intervendrá en la prevención e investigación de los propios delitos económicos como ser lavado de activos financieros, provenientes de actividades de narcotráfico, trata de personas, delitos informáticos, etc., de los cuales deriven lavados de activos. Estos pueden tener origen en actividades nacionales o transnacionales, es decir de aquellos cuyos efectos pueden repercutir en nuestro país cuya base operativa se encuentre en otro, o en el nuestro y viceversa.
En el panorama actual, Huczek se atrevió a adelantar que con la nueva agencia “cambiaría la centralización de la información a manos de un órgano independiente, como lo sería el Ministerio Público, quien a su vez, para proceder a realizar actividades propias de investigación en estos casos, necesitaría la autorización judicial para darle legitimidad al acto”.
Con respecto a las funciones de la agencia, la abogada penalista confirmó que “el objetivo es otorgarle mayor control a esta Agencia sobre las actividades comerciales de las empresas, en cuanto a sus manejos económicos, estado de cuentas, intercambio de bienes, créditos, etc.”, y apuntó que las entidades financieras, las personas físicas y jurídicas que desarrollen juegos de azar, los agentes y sociedades de bolsa y los intermediarios que operen bajo la órbita de bolsas, las empresas aseguradoras o las emisoras de tarjetas de crédito, y los escribanos públicos “son sujetos que están obligados a informar todo tipo de actividad que pueda ser considerada sospechosa”.
La especialista afirmó que el Código Penal es el que regula los delitos del orden económico y financiero, pero con las modificaciones introducidas, se tipificaron distintas conductas que apuntan reprimir a toda aquella acción o actividad llevada a cabo por una persona física o que forme parte de una empresa que ponga en peligro la estabilidad económica o financiera de nuestro país. Por ejemplo, el Artículo 300 establece que: Serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos (2) años: 1º. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado.
“Queda claro entonces que se busca investigar el lavado de activos, que se pueda generar por las distintas actividades que prevé la ley, por ejemplo declaración falsa de estados de balances, o que se omita dar información financiera que resulta obligatoria, etc.”, confirmó Huczek, haciendo referencia a que incluso refiere a los que manejen información privilegiada por su cargo y se valen de la misma para su provecho económico o de terceros.
No obstante estas opiniones, habrá que esperar a que el proyecto de ley ingrese al Congreso para conoces la letra chica de la propuesta.