Los días 10, 11 y 12 de marzo se realizó un Taller de Acceso a la Información Pública co-organizado entre la Organización de los Estados Americanos y la comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde asistieron expertos nacionales e internacionales, Diputados Nacionales, asesores legislativos y organizaciones de la sociedad civil para debatir estándares y alcances que tendrá que tener la Ley de Acceso a la Información Pública en la Argentina.
El Taller comenzó con la apertura del Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, junto a la Embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, acompañados por los Diputados Nacionales Diana Conti y Manuel Garrido y por Jean-Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA.
Durante la primer jornada, el miércoles 11, se debatió acerca de los alcances generales que debe tener una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública en base a la Ley Modelo elaborada por la OEA. Así, se presentaron el principio de máxima publicidad, la definición de información, la inversión de la carga de la prueba (la cual debe recaer en el Estado) y la transparencia activa que debe asegurar la Ley para garantizar el pleno ejercicio de este derecho.
Luego, un panel compuesto por Sol Tischik, Coordinadora de Gobierno Abierto de Argentina, Inés Selvood, Directora de Acceso a la Información de la UBA y Jaime Moreno Valle, del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, expusieron acerca de los sujetos obligados ante una Ley de Acceso a la Información, y las variantes que esto puede tener: en nuestro país, se remarcó la necesidad de incluir a los 3 poderes del Estado, órganos extra-poder, universidades nacionales, entres descentralizados en el ámbito federal y todo organismo nacional de la administración pública.
A continuación se debatió uno de los temas más sensibles de una reglamentación de este tipo, que es el régimen de excepciones: cuándo una autoridad pública puede negarse a entregar información en su poder. Así, se destacó que no debe justificarse el interés legítimo de una persona para solicitar información pública; que la ley debe establecer plazos máximos (pero no mínimos) para la clasificación de información sensible, y que debe existir un sistema de divulgación parcial, para que se pueda entregar documentación que posea información sensible, pero que ésta sea tachada. De este modo, la autoridad pública no sólo reconoce que el documento solicitado existe, sino que también reconoce el derecho de la persona a acceder a información pública.
El Diputado Manuel Garrido destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó en dos fallos que el acceso a la información pública es un Derecho Humano y ratificó la necesidad de contar con una Ley Nacional que lo garantice. Por su parte, Margarita Stolbizer remarcó que no es sólo el acceso a la información, sino éste derecho nos permite ejercer muchos otros.
Durante la segunda jornada se siguió debatiendo sobre el régimen de excepciones, y se introdujo el tema de “Órgano Garante”. Expertos de diversos países (Brasil, Uruguay, El Salvador, Canadá y México) expusieron sus casos, cómo funcionan estos órganos en sus países, qué funciones tienen, cómo se eligen sus miembros y todos los detalles tanto del diseño institucional como del funcionamiento en la práctica.
Luego del debate entre los asistentes al Taller, se llegó a la conclusión que hay que ser muy claros en distinguir entre “órgano garante” de acceso a la información y “autoridad de aplicación” de la Ley. Mientras que le primero debe ser autónomo y autárquico, con soberanía presupuestaria y decisiones vinculantes para asegurar el pleno ejercicio de este derecho y actuar frente a negativas de autoridad públicas a brindar información; la segunda debe estar dentro de cada Poder y asegurarse internamente que el personal esté capacitado, brindar mecanismos para tramitar las solicitudes, dar políticas de apertura, y demás. Para conocer más en detalle qué dijeron los expertos y las mesas de trabajo, puede consultarse nuestro Storify que trascribe textualmente algunos de los dichos durante el Taller.
El objetivo del Taller fue debatir sobre aspectos claves de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la OEA para tomar como insumos, y poder debatir luego entre los asesores legislativos en un proyecto de ley unificado y consensuado entre las distintas fuerzas políticas para contar finalmente con una Ley Nacional que garantice este derecho.
La Diputada Diana Conti, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, convocó a la primer quincena de mayo a una nueva reunión de comisión para tratar sobre los temas debatidos, y dar tiempo a los asesores a trabajar sobre las conclusiones del taller en el texto borrador.