A través del ministerio de Derechos Humanos de Misiones, que oficia de enlace con la Nación, distintos ministros comenzaron a analizar un anteproyecto de ley de propiedad indígena de la tierra. El textoo está siendo diseñado por una comisión integrada por 20 provincias, que tienen en su territorio a comunidades aborígenes y que simultáneamente lo están discutiendo.
El anteproyecto de Ley de Propiedades Comunitarias Indígenas de la Tierra está siendo diseñado por una comisión integrada por 20 provincias, que la mandataria Cristina Fernández creó por decreto. La intención de la Presidente es enviar el proyecto al Congreso antes del fin de su mandato para que se convierta en una ley de reparación histórica a las comunidades aborígenes.
“Este anteproyecto que comenzamos a socializar tiene un plazo de seis meses para acercar a la presidencia de la Nación sugerencias y agregados de las 20 provincias que tenemos aborígenes”, expresó el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, a cargo de la coordinación de los encuentros en Misiones.
El objetivo es unificar criterios entre las provincias, ya que hay divergencias en cómo se interpreta a una comunidad aborigen o el sistema y extensiones de la propiedad: dentro der las legislaciones, hay leyes que reconocen como una comunidad a tres familias y otras que plantean que debe haber por lo menos diez o un mínimo de 300 habitantes.
Además, uno de los detalles del anteproyecto de ley que comenzará a ser analizado es que las propiedades indígenas deberán reconocer el uso del bien común de la tierra, en el caso de gasoductos, rutas o infraestructura sanitaria o educativa. En cambio, las propiedades no podrán ser explotadas por terceros, serán inembargables e invendibles. Pero los recursos naturales también serán intangibles –no se podrá instalar un aserradero ni tumbar árboles para plantar soja-.
La Provincia de Misiones es tomado como modelo ya que se espera que en breve se concrete una reparación histórica de las propiedades de cinco aldeas que viven en Aristóbulo del Valle en tierras que fueron donadas a la Universidad Nacional de La Plata.
Veinte provincias tienen entre sus habitantes alrededor de un millón de descendientes originarios y se estima que hay diez millones de hectáreas habitadas por comunidades aborígenes en una situación dominial irregular.
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