La diputada del Frente para la Victoria, Daniela Castro propone un “Subsidio para la Protección y Reinserción Social”, en favor de personas víctimas del delito de trata. La intención es que se repare el daño, que la víctima denuncie y poder elaborar una estadística mensual del número de víctimas de este delito que facilite un mejor conocimiento de su estado, dinámica y características.
El proyecto que propone modificar la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas propone que sea una prestación monetaria no retributiva, inembargable, de duración semestral, renovable hasta cinco veces, de abono mensual y de monto variable hasta un máximo mensual igual al del salario mínimo. La misma también puede ser administrada por los padres o tutores de la víctima en caso de que ésta fuera menor de edad.
La iniciativa aclara que el subsidio “está pensado para el momento de máxima vulnerabilidad de la víctima: entre su rescate y el fin del proceso judicial” y que en ningún caso, los causantes de la situación de trata de personas pueden ser titulares o administradores del mismo.
En sus fundamentos, la legisladora por San Juan señala que el “abordaje integral” de la problemática de las víctimas de la trata de personas, es insuficiente si no se incluye un apoyo económico que colabore en su mantenimiento durante el tiempo que tome su reinserción social, por lo menos hasta la sutura de la herida social que representa el proceso jurídico que termina en la sentencia de condena de los responsables de hecho tan aberrante.
Además, reconoce que han pasado siete años desde la sanción de la 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y más de dos desde su modificación parcial, por lo que sugiere “corregir algunos puntos débiles del régimen instituido para esa ley” y propone el “Subsidio para la Protección y Reinserción Social”.
“La medida propuesta haría más efectiva la intervención social en la reparación del terrible daño que uno de sus miembros ha recibido. Es un deber de solidaridad y justicia social”, concluye.
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