Una diputada del Movimiento Popular Neuquino solicitó propiciar el desarrollo de medidas que tiendan a sancionar a las personas que incumplan medidas judiciales dispuestas en procesos de violencia de género. El objetivo es evitar la reiteración de hechos de violencia que se encuentran comprobados y bajo tratamiento del sistema judicial.
Según el texto de la norma, la incorporación en el Registro Nacional será dispuesta por el Juez competente a partir de constatar el incumplimiento del presunto agresor de las medidas preventivas urgentes que haya dispuesto previamente, tales como la prohibición de acercamiento, el cese en los actos de perturbación o intimidación o la restitución inmediata de los efectos personales, entre otras.
La ley, de orden público y de cumplimiento para todos los Jueces de la República Argentina, establece que el magistrado que observe el incumplimiento de las medidas ordenadas por la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres “deberá comunicar en forma obligatoria la condición de persona violenta al Registro creado”.
Alicia Comelli, autora del proyecto, además aclara que los inscriptos en el Registro Nacional de Personas Violentas no podrán acceder a cargos electivos nacionales ni de funcionarios en el sector público nacional, el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, en todos sus niveles y jerarquías.
Por último sugiere que la Nación y las Provincias realicen convenios de cooperación para que no sólo se adhiera a la ley -en caso de convertirse en tal-, sino que también se propenda a incluir en la legislación local una normativa que permita sancionar con similares penalidades dentro de sus competencias.
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