Ayer, la sesión de la Cámara de Diputados tuvo una jornada para el olvido: el oficialismo decidió avanzar con la designación de dos miembros al frente de la Auditoría General de la Nación, a pesar de que la oposición se retiró del recinto tras advertir la violación del reglamento. Luego, con el recinto semivacío y con el quórum ajustado, decidió avanzar con la sanción de más de una decena de proyectos, sin debate alguno. Desde Directorio Legislativo debemos alertar sobre estas irregularidades que empañan la labor de esta institución.
La sesión estaba convocada a las 11.45, luego de la Asamblea Legislativa que se reunió para oficializar el ballotage entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Pero todo se fue demorado. Primero, la Asamblea comenzó casi una hora después de lo previsto; luego el oficialismo anunció la inauguración del busto de Néstor Kirchner en un acto que acumuló tres cuartos más de hora.
Una vez iniciada la sesión con casi tres horas de atraso, comenzaron las críticas de la oposición. El jefe de bloque del radicalismo, Mario Negri, solicitó que se suspenda la sesión por la demora y citó el artículo 26 del reglamento de la Cámara que “establece la obligación de los diputados de esperar media hora después de la designada para la sesión”; es decir, una vez pasada la media hora desde la convocatoria a la sesión, los Diputados ya no se encuentran obligados a permanecer allí. Otros, repudiaron que no había nadie en la presidencia de la Cámara a quien dirigirse para poder conocer los motivos de esta demora.
Por su parte, la presidenta del bloque de FpV, Juliana Di Tullio, decidió incluir una moción de orden para nombrar el reemplazo de dos miembros del oficialismo ante la AGN. En ese momento, la oposición estalló en críticas por considerar un tema que no estaba incluido en el temario de la sesión, por lo que necesitaría una mayoría especial para habilitar su tratamiento; además de considerar que no era necesaria su designación ya que los mandatos de los miembros vencen el 10 de diciembre. Cuando se convoca a una sesión especial, el temario lo fija quien la convoca (en este caso, di Tullio). Por lo tanto, cuando se quiere incorporar algo que no se encontraba previamente en el temario, se requieren ciertas mayorías según el caso que se trate.
A propósito, el diputado Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) citó el artículo 129 del reglamento que establece que “Las mociones de orden necesitarán para ser aprobadas la mayoría absoluta de los votos emitidos, con excepción de las determinadas en los incisos 3, 6 y 9 del artículo 127, que lo serán por dos tercios de los votos, y la del inciso 10, que requerirá el voto de las tres cuartas partes”. Tal era el caso ya que se trata de una moción de orden para considerar “un asunto de urgencia o especial la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento” (inc. 10, art. 127).
Pero el oficialismo hizo oído sordo a los reclamos de la oposición y puso el tema en consideración. La votación resultó con 128 votos afirmativos favor, 53 en contra y 26 abstenciones. La oposición se retiró del recinto y, entre gritos, Domínguez le tomó juramento a los dos nuevos funcionarios camporistas.
Pero la polémica recién empezaba. Luego de la designación, di Tullio señaló a la asesora del diputado Claudio Lozano para que se retire del recinto por observar algún gesto que no fue de su agrado. Una vez más, el titular de la Cámara acató la “orden” de la jefa de bloque, sin objeciones.
A continuación, el Presidente de la Cámara decidió continuar con el temario de la sesión y puso a consideración la declaración de “orden público” de los principios básicos de para los procesos de reestructuración de deuda soberana que fueron aprobados por la Organización de Naciones Unidas, que fue aprobado en un recinto semi vacío.
Tras la sanción, Domínguez continúo con el temario de la sesión que incluía una decena de proyectos de ley a consideración. El Secretario Parlamentario comenzó a leer las modificaciones pero la jefe de bloque del oficialismo solicitó que las modificaciones queden en Secretaría y que se pase a votación. Cabe recalcar que cada vez que hay una modificación a los proyectos que serán sometidos a votación en el recinto, las mismas se deben leer en voz alta para que todos los miembros las conozcan. Al solicitar que los proyectos “pasen a Secretaría”, se privó de conocer las modificaciones a todos los miembros del cuerpo. Con el quórum exacto, el oficialismo aprobó el paquete de proyectos por 129 votos afirmativos y Domínguez dio por finalizada la sesión.
Por la tarde, el Frente para la Victoria organizó una conferencia de prensa para defender su postura y negar haber violado el procedimiento. Julián Domínguez aseguró que la Cámara de Diputados “estaba en mora” con la designación de sus tres representantes en la Auditoría General de la Nación. Además apuntaron directamente contra la oposición: “el problema es que la UCR y el PRO no se ponen de acuerdo en quién va a ser el auditor”.
Nuestra postura
Lamentablemente, las sesiones especiales se han convertido en la regla más que en la excepción en la Cámara de Diputados: en 2015, 3 sesiones fueron especiales y 2 sobre tablas, mientras que en 2014 la mayoría fueron especiales también. Esto impide el debate entre los presidentes de bloque dentro del a comisión de Labor Parlamentaria y el consenso necesario para decidir qué temas se incorporarán en el Plan de Labor, que contiene los temas a ser tratados en la sesión.
Además, y en este caso particular, se violaron diversas cuestiones reglamentarias (mayorías necesarias para incorporar mociones de orden, demoras en la sesión, o modificaciones a los proyectos), atentando así contra el ejercicio democrático y el desempeño normal de las sesiones legislativas.
Mención aparte requiere la actitud de la presidenta de bloque del Frente para la Victoria, de solicitarle a una asesora de un Diputado Nacional que se retire del recinto. Este hecho viola rotundamente la publicidad de las sesiones parlamentarias, y atenta contra la libertad de expresión.
Atentos a las sucesivas irregularidades mencionadas anteriormente, y a la práctica reciente de utilizar a las sesiones especiales como ordinales, debemos llamar la atención y alertar que estas prácticas, lejos de ayudar al fortalecimiento institucional de los poderes públicos, facilita y alimenta sospechas sobre la calidad de nuestro sistema republicano, e impide el acceso a la información pública de una manera equitativa para todos los habitantes de la Nación.