La Fundación Directorio Legislativo expresa su preocupación por la designación de dos jueces de lla Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía de un decreto.
Desde la Fundación Directorio Legislativo vemos con preocupación la reciente designación de dos Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto Nº 83/2015 publicado en el Boletín Oficial del día de hoy.
El artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional establece que entre las atribuciones del Presidente de la Nación se encuentra la de nombrar “los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”. Por otro lado, el artículo 99 inciso 19 de la Constitución permite al Poder Ejecutivo designar en comisión a empleos que requieren acuerdo del Senado durante su receso; sin embargo, resulta cuestionable que pueda aplicarse para la designación de Ministros de la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial de la Nación.
Asimismo, el Decreto Nº 222/2003, por el cual el Poder Ejecutivo se impone límites a sí mismo en lo que respecta a la selección de jueces para la Corte Suprema, dispone que se deben hacer públicos los antecedentes del/os candidato/s, y permite a la ciudadanía en general, las organizaciones de la sociedad civil, colegios, asociaciones profesionales, entidades académicas y de Derechos Humanos, realizar ante el Ministerio de Justicia, observaciones respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo para ocupar cargos en al Corte Suprema. Esto permite, entonces, que la sociedad pueda expresarse frente a los candidatos, y manifestarse al respecto (sea mediante impugnaciones, preguntas o avales). Asismismo, mediante la realización de audiencias públicas en el ámbito del Senado de la Nación, la sociedad puede conocer a los candidatos a ocupar el máximo tribunal del país, lo que fortalece la participación y el acceso a la información pública.
En otras palabras, no se comprende la urgencia que motiva pasar por alto una instancia institucional que goza de legitimidad constitucional y consenso social para designar jueces de la Corte. Más allá de los debates en torno a interpretaciones constitucionales, desde la Fundación Directorio Legislativo sostenemos que una decisión institucional de tal relevancia, merece un debate amplio, profundo e informado por parte de nuestros representantes, que no está siendo respetado. En ese sentido, llamamos al Poder Ejecutivo a reconsiderar de manera urgente esta decisión a la que entendemos como lesiva de los principios democráticos, representativos y republicanos de nuestro país.