La ex senadora nacional por el PRO, un día antes de jurar ante la Asamblea Legislativa como Vicepresidente de la nación, presentó un proyecto de ley que promueve la creación de un proceso de extinción del dominio de bienes vinculados al narcotráfico, trata de personas, corrupción y asociación ilícita.
A través de un proyecto de ley presentado en el Senado de la Nación, busca quitarle la facultad que dispone una persona para hacer uso de lo propio y acabar con un recurso económico fundamental, para así atacar con contundencia el punto más sensible del crimen organizado.
El procedimiento comienza con la acción de investigación que debe ser impulsada por el Ministerio Público Fiscal quien actúa tanto ante la notificación de un juez interviniente en una causa penal correspondiente, como ante la denuncia de cualquier particular que hubiera tomado conocimiento de bienes incursos en infracción legal.
Una vez que se declara por sentencia judicial la extinción del dominio de bienes usados como medio necesario en la actividad delictiva y los obtenidos directa o indirectamente como fruto de la comisión de los delitos previamente mencionados, el juez los dispone en favor del Estado. La gestión administrativa, usufructo, venta, o remate estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, o del organismo que corresponda, no debiendo crear un nuevo ente para tal fin.
En caso de que estos hayan sido puestos fuera del alcance para ser aprehendido judicialmente, se los puede sustituir con un bien de origen lícito de valor equivalente.
Este instrumento es autónomo, es decir que no obstaculiza en ningún momento el normal procedimiento penal sobre los dueños de esos bienes que pueden estar siendo investigados. A su vez, no entra en colisión con el derecho de propiedad dado que para haber derecho sobre un bien debe probarse que fue adquirido legalmente.
En los fundamentos, Michetti señala que cinco países de la región ya cuentan con legislación al respecto: Colombia, México, Nicaragua, Honduras y Perú y que, a su vez, se encuentra en sintonía con las recomendaciones de las Naciones Unidas.
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