Los documentos recogen los principales consensos alcanzados durante las mesas de trabajo impulsadas por la Coalición en el año 2015.
(Buenos Aires, 23 de diciembre de 2015) – La Coalición para la Independencia Judicial presenta una serie de propuestas de reforma normativa que apuntan a resolver los principales problemas que se observan en materia de transparencia e independencia judicial.
Durante el año 2015, se llevaron a cabo varias mesas de trabajo que abordaron temas tales como “El Consejo de la Magistratura”, “El rol de la justicia en la lucha contra la corrupción” y “La redacción de un código de ética judicial”.
Respecto del Consejo de la Magistratura, se detectaron deficiencias en lo que refiere a su composición en tanto su integración actual no respeta el equilibrio entre estamentos consagrado en el artículo 114 de la Constitución Nacional. Asimismo, se observa una escasa actividad del organismo que afecta sus atribuciones constitucionales de designación y de sanción de jueces/zas. Entre las propuestas de la Coalición se destacan las siguientes: la sanción de nueva Ley del Consejo de la Magistratura garantice una composición equilibrada entre los distintos estamentos, la realización de concursos anticipados para disminuir la cantidad de cargos vacantes, la elaboración de indicadores de gestión judicial, entre otras.
En relación al rol de la justicia en la lucha contra la corrupción, se observa una ineficiente capacidad de respuesta y resultados por parte del Poder Judicial frente a este tipo de delitos. Esta falta de capacidad para dar respuestas y para lograr resultados se ve reflejada en las pocas condenas, la falta de elevaciones a juicio oral y las demoras excesivas en la tramitación de las causas que se llevan adelante por hechos vinculados a temas de corrupción. Además, se observa un escaso avance en materia de control patrimonial de los integrantes del poder judicial Entre las propuestas se encuentran: la regulación del acceso a información pública en el Poder Judicial, la elaboración de estadísticas judiciales integrales en materia de corrupción y la creación de Unidad para el Apoyo y Seguimiento a los Juicios por Corrupción.
Finalmente, se consideró imperioso el dictado de un código que regule la ética judicial a nivel de la justicia nacional y federal. En tal sentido se recomendó que la regulación sea emitida por el propio Poder Judicial, que se convoque a una amplia variedad de actores para su redacción, que sea el propio Poder Judicial el que aplique las sanciones correspondientes y que se amplíe la legitimación activa en la presentación de denuncias por faltas éticas.
Las propuestas se encuentran disponibles a continuación.