En el día de ayer se celebró la Audiencia Pública convocada por la comisión de Asuntos Constitucionales, en la que expusieron 23 organizaciones de la sociedad civil, así como algunos funcionarios nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para regular el derecho de acceso a la información pública.

En primer lugar, se contó con la exposición de los organismos públicos: Néstor Baragli, en representación de la Oficina Anticorrupción; Rudi Borrmann, Subsecretario de Innovación y Gobierno Abierto del Ministerio de Modernización, y Hernán Charosky, Director de Reforma Política del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos destacaron la voluntad e iniciativa del PEN de presentar un proyecto de estas características, que se encuentra, para ellos, en línea con el Decreto 1172/03 y estándares internacionales, así como la importancia de regular este derecho humano. Además, destacaron las obligaciones de transparencia activa y la publicación de información en datos abiertos por parte del Ministerio de Modernización.

Luego, se le dio paso a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) quienes tuvieron oportunidad de exponer preocupaciones en torno al texto en debate.

Todas las OSC celebraron que se abra el debate para una ley de estas características, y que se haya convocado a diversos sectores a exponer su visión. En líneas generales, los comentarios y recomendaciones rondaron los siguientes puntos:

  1. Independencia del Órgano Garante de Acceso a la información: Algunas destacaron la necesidad de que sea autónomo e independiente de todos los poderes (ACIJ, ADC, Datos Concepción, Directorio Legislativo, Martín Becerra, FOPEA y Fundación Conocimiento Abierto, Fundación Vía Libre).
  2. Designación de autoridades para la Agencia de información pública: Se destacó la falta de independencia en la designación del/a Director/a, y los altos niveles de discrecionalidad que posee el Poder Ejecutivo para designarlo/a (ACIJ, ADC, Datos Concepción, CELE, Directorio Legislativo, Martín Becerra, FOPEA y Fundación Conocimiento Abierto, Fundación Vía Libre)
  3. Necesidad de poder solicitar información de manera anónima, sin que el Estado requiera al solicitante identificarse (Asociación Gobierno Abierto)
  4. Que las empresas contratistas de obras públicas estén obligadas por la ley (Asociación Gobierno Abierto)
  5. Incluir a la acción de amparo como vía expedita para reclamo judicial
  6. Sección de excepciones para brindar información pública: Es confusa y poco específica. Es necesario detallarla y brindarle más especificidad, para evitar potenciales conflictos (CELE y Martín Becerra)

Asimismo, María Baron de Directorio Legislativo, consideró que el proceso de formulación del proyecto en el marco del PEN no fue abierto y participativo como se esperaba, así como el debate dentro del Poder Legislativo tampoco lo es. Si bien es positiva la realización de una audiencia de estas características, el tiempo de debate es “apresurado” y no se logran recoger las propuestas y comentarios de los diversos especialistas.

Por su parte, la Diputada Elisa Carrió aclaró que siempre se puede cumplir o aplicar lo que proponen las ONG. Explicó que este tema se debatió durante años, y hasta obtuvo media sanción de ambas cámaras, en diversas oportunidades. Y remarcó que la responsabilidad final es de los legisladores. Dio a entender que a veces las ONGSs han tenido actitudes particularistas en su accionar, opinión que fue luego respaldada por la Diputada Carla Carrizo.

El Sindicato de trabajadores de prensa de Rosario, Santa Fe, expuso su visión como sujeto obligado, y remarcó la falta de federalismo para debatir el proyecto; incluso entre los nuevos entes obligados a informar sobre sus fondos, se los debería haber incluido en el debate desde el comienzo.

De este modo concluyó la Audiencia pública con diversos especialistas. El presidente de la comisión, Pablo Tonelli, informó que se prevé firmar dictamen este jueves 21/04 (previa reunión de asesores el 20/4) entre ambas comisiones.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil elaboramos un texto con preocupaciones y recomendaciones al proyecto, que se puede encontrar aquí.