El pasado miércoles 18 de mayo, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, votación en la que adhirieron casi todos los bloques parlamentarios (229 votos afirmativos, 4 negativos y una abstención). Ahora el proyecto pasó al Senado, donde comenzará su debate el próximo miércoles 1 de junio en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
Esta es la tercera vez que el Congreso debate una ley de estas características: en 2003 un proyecto elaborado entre la Oficina Anticorrupción, y con el aporte de las organizaciones de la sociedad civil y académicos, obtuvo media sanción por la Cámara de Diputados, pero luego el Senado le introdujo modificaciones, y Diputados nunca le dio tratamiento al proyecto modificado. En 2010 pasó algo similar, pero al revés: el Senado le dio media sanción al proyecto, pero la Cámara de Diputados nunca avanzó en su tratamiento (dos de las tres comisiones a las que estaba girado el proyecto lo despacharon, pero la tercera nunca lo trató y el proyecto caducó)¹.
El debate en Diputados este año contó con una audiencia pública en la que participaron académicos y organizaciones de la sociedad civil, y con dos reuniones de comisión, de la que surgieron aportes de diversos bloques parlamentarios. Si bien nos hubiese gustado un debate más extenso, el proyecto finalmente aprobado contó con mejoras sustanciales respecto al enviado por el Poder Ejecutivo. Tal es así, que se le agregaron diversos principios fundamentales, la obligatoriedad de entregar la información en formatos abiertos y reutilizables, un régimen de excepciones detallado, un sistema de tachas para la entrega de documentación sensible y la intervención vinculante del Congreso para la remoción del responsable de la Agencia de Acceso a la Información (reclamo además, de varias organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas y personalidades destacadas); entre otros.
Hoy, a 13 años después de su primer tratamiento, el Congreso se encuentra ante una oportunidad histórica de saldar esta deuda democrática. La Argentina es uno de los 4 países de América Latina, junto a Bolivia, Costa Rica y Venezuela, que aún no cuentan con una ley que garantice el libre acceso a la información pública, derecho humano consagrado en diversos tratados y convenciones internacionales, incluso con jerarquía constitucional en nuestro país, a través del art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.
Desde hace años diversas organizaciones venimos pidiendo por esta ley, y 2016 puede ser el año para dar este salto cualitativo. Los argentinos nos merecemos una ley que garantice nuestro derecho de conocer qué se hace con los recursos públicos (tanto desde el Estado como desde privados), para así controlar a nuestros gobernantes y exigir el cumplimiento efectivo de nuestros derechos. Ahora es el turno del Senado, y esperamos no repetir historias fallidas y contar con esta ley fundamental para nuestra democracia pronto.
Por Agustina De Luca, Directora de Transparencia de Directorio Legislativo