La oposición logró frenar un proyecto que establece un régimen de participación público-privada para obras de infraestructura que el Poder Ejecutivo considera fundamental para atraer inversiones. A propuesta del FPV, el plenario de Diputados sometió a votación una moción para que el proyecto vuelva a comisión. La votación resultó favorable por una ajustada diferencia: 107 votos a favor, y 105 en contra. Tras la votación, un diputado del oficialismo manifestó que su voto, que había sido computado como positivo, era en realidad negativo. Si se hubiera corregido ese error, la votación hubiera quedado empatada en 106 votos, y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó hubiera tenido que desempatar, previsiblemente, a favor de que la iniciativa sea aprobada. Sin embargo, Monzó dio por terminada la sesión y la iniciativa deberá volver a comisión. En esta nota, la crónica de un voto equivocado.
La sesión de ayer se desarrollaba tal cual lo previsto. Fuego amigo de Carrió mediante, el oficialismo había bajado del temario el proyecto para recortarle poder a la procuradora Gils Carbó, y contaba con los votos necesarios para aprobar un proyecto señalado como fundamental para el Gobierno Nacional: el régimen de participación público-privada (PPP), que instaura un esquema por el que se da facilidades a empresas privadas para que lleven a cabo obras de infraestructura.
El proyecto, que tenía media sanción del Senado, había sufrido modificaciones producto de las negociaciones que el oficialismo estableció con el Frente Renovador para aportar los votos necesarios para que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa. Con las modificaciones negociadas, se crearía una comisión bicameral para controlar las obras de infraestructura llevadas a cabo bajo el régimen PPP. El Frente Renovador tendría la presidencia de esa comisión.
La sesión había comenzado sin sobresaltos, con homenajes varios a un día de que se cumpliera el sexto aniversario del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Luego se pasó a una discusión espinosa, pero que no tuvo dificultades para ser aprobada, sobre un proyecto que otorga a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) el control de la matrícula para los letrados que podrán litigar en el fuero federal.
Así se llegó al plato fuerte de la tarde: el proyecto de participación público-privada. Durante el debate en comisión, el oficialismo había accedido a incorporar modificaciones al texto, a pedido del Frente Renovador y del Bloque Justicialista, cuyos diputados, de todas maneras, firmaron el dictamen de mayoría con disidencias parciales. De esta manera, el oficialismo se garantizaba los votos necesarios para aprobar el proyecto. Poco importaban los dictámenes de minoría presentados por el Frente para la Victoria, por el interbloque Progresistas y por el Frente de Izquierda.
El diputado Daniel Lipovetzky (PRO) oficio de miembro informante por la mayoría. El presidente de la Comisión de Legislación General afirmó que “el Estado tiene un rol insustituible en todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura”, pero agregó que “la presencia del sector privado es cada vez más importante”. Se ocupó de dejar en claro que esta ley retoma los lineamientos de un decreto firmado en 2005 por Néstor Kirchner, y que pretende establecer un marco de seguridad jurídica para la concreción de obras de infraestructura en asociación con entidades privadas.
Lipovetzky también adelantó que durante el debate en particular se introducirían modificaciones al texto. Todavía nada indicaba que el proyecto no llegaría ni siquiera a ser votado en general.
Luego fue el turno de Axel Kicillof, pronunció uno de los discursos más duros en contra del proyecto. “Este proyecto convierte al Estado en un rehén del privado”, sentenció el ex ministro de Economía, que concluyó su discurso diciendo que “este es un proyecto peligroso, en términos de que abre el camino a la extranjerización, a la concentración y a las privatizaciones”. También enfatizó en que la iniciativa no mostraba “una coma” que defienda al trabajo nacional, y criticó fuertemente la prórroga de jurisdicción propuesta por el Gobierno, por la que se abre la puerta a futuros litigios contra el país en tribunales del exterior.
En la misma línea se expidió la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien fue lapidaria al calificar al proyecto como “escandaloso”, ya que “promueve la privatización del sistema de contrataciones del Estado, se prorroga la jurisdicción al exterior y se deja abierta la puerta para el pago a moneda extranjera”. Además, criticó que la iniciativa responsabilice al Estado en caso que las empresas privadas generen daños ambientales.
A su turno, Margarita Stolbizer adelantó el voto negativo del interbloque Progresistas al proyecto. La referente del GEN se mostró muy crítica con la iniciativa, ya que, según afirmó, retoma “las políticas de privatizaciones de la década del 90”. Stolbizer también criticó la forma de trabajar del oficialismo, y denunció que mientras el proyecto del Colegio de Abogados era debatido, desde los despachos de CAMBIEMOS habían enviado un correo con la versión definitiva del texto de PPP. Habiendo denunciado esa desprolijidad, resulta llamativo que tanto Stolbizer como el resto de los diputados del interbloque PROGRESISTAS, se abstuvieron a la hora de votar la moción propuesta por el FPV para que la iniciativa volviera a comisión.
El primer diputado del Frente Renovador en tomar la palabra fue Marco Lavagna, en cuyo discurso representó de manera perfecta el fino equilibrio que el massismo juega en la Cámara de Diputados: ni apoyar demasiado las propuestas del oficialismo, ni criticarlas al extremo. En ese delicado ejercicio de equilibrista, Lavagna se encargó de dejar en claro que en 2014, cuando el kirchnerismo era gobierno, firmó convenios con China en los que también se disponía la prórroga de jurisdicción, al tiempo que sostuvo que esta iniciativa no significaría “la salvación de la Argentina”.
No obstante, a medida que pasaban los discursos, el Frente Renovador subía el tono de su crítica. Así, promediando la tarde, José De Mendiguren (FR) admitía que muchos países tienen un régimen similar al propuesto, pero advirtió que se estaba poniendo “el caballo detrás del carro” en tanto se debatía un proyecto para construir obras de infraestructura, sin un plan de desarrollo explícito por parte del Gobierno. La crítica de De Mendiguren permitía prever que el apoyo del Frente Renovador comenzaba a diluirse.
La clave de la tarde, sin embargo, llegó cuando tomó la palabra el diputado del FPV Abel Furlan. Tras denunciar que esta iniciativa dejaría de rodillas a las pymes nacionales, el diputado de extracción sindical propuso una moción para que el proyecto vuelva a comisión. Monzó se comprometió entonces a que, cuando terminaran los discursos de los diputados, y previo a la votación del proyecto, se pondría en consideración la moción propuesta por Furlan.
Los minutos se consumieron entre discurso y discurso, y la lista de oradores llegó a su fin. Cumpliendo con su palabra, Monzó puso a consideración la moción de Furlan, no sin antes acceder al pedido del jefe del bloque del FPV, Héctor Recalde, de realizar una votación de manera nominal, para que quedara registro del voto de cada diputado.
La propuesta para que el proyecto volviera comisión fue puesta en consideración. El countdown corría, y la pantalla de la Cámara de Diputados acusaba nueve abstenciones: Binner, Ciciliani, Duré y Troiano por el Partido Socialista, Cousinet, Donda y masso por Libres del Sur, y Margarita Stolbizer (a pesar de su queja por la forma en que el proyecto llegó al recinto), por el GEN. También se anunciaba la abstención de la diputada Silvia Horne, del Peronismo para la Victoria. Esta última abstención sería el primer error de conteo de la noche, pero no el último ni el más importante.
El contador llegó a cero, y se develó el resultado de la votación: 107 votos a favor de que el proyecto de PPP vuelva a comisión, 105 votos en contra. Desde las bancas del Frente para la Victoria se festejaba, entre cánticos que prometían una vuelta al poder y nunca más una vuelta a los 90. Monzó, sin ocultar su gesto de descontento, dio la palabra al diputado Marcucci (UCR), quien entre el bullucio de los festejos opositores, sostuvo a viva voz que su voto había sido negativo.
Monzó atinó a contestarle: “Si señor diputado…”. Miró hacia atrás, buscando algún asesor que respondiera a su pregunta inconclusa: “¿Cómo está…?”. Habrá querido preguntar “¿Cómo queda la votación?”. No terminó la pregunta. “Habiendo concluido el temario, queda levantada la sesión”, alcanzó a decir.
No corrigió la votación, como había hecho años antes el entonces Presidente de la Cámara, Julián Domínguez, en una votación por uno de los proyectos del paquete de reforma judicial. En aquella sesión de 2013, la diputada Alicia Comelli del MPN y el diputado Juan Carlos Forconi (FPV) manifestaron a viva voz que su voto había sido mal computado. Domínguez corrigió la votación, y entre la queja generalizada de la oposición, el proyecto fue aprobado.
Si se hubiera hecho esa corrección, la votación hubiera resultado empatada en 106 votos, y el propio Monzó hubiera tenido la potestad de desempatar, previsiblemente, en favor de la iniciativa del Gobierno. Sin embargo, en ese caso, seguramente la diputada Silvia Horne hubiera manifestado, también a viva voz, que ella no se había abstenido, que ella votó a favor de que la iniciativa volviera a comisión. El resultado hubiera sido el mismo.
El oficialismo sufrió de esta manera su segundo revés legislativo (el primero había sido la sanción de la Ley Antidespidos, que finalmente fue vetada por Macri). Restan cuatro semanas hasta la finalización del período ordinario de sesiones. Al oficialismo le quedan una gran cantidad de proyectos en el tintero. Todo apunta a que el Presidente de la Nación convocará a sesiones extraordinarias. Se avecina un diciembre legislativo.
