Con cada balance legislativo repetimos que en el Congreso rige una tradición: en los años electorales (impares), hay menos sesiones y menos sanciones. Sin embargo el primer semestre de 2017 se tradujo en un rompimiento parcial de ese axioma.
Hablamos de parcialidad porque si bien hubo menor cantidad de sesiones en este primer semestre de 2017 que en el mismo período del año anterior (15 en 2017, 19 en 2016), lo cierto es que hubo una mayor cantidad de leyes sancionadas (22 en 2016, 27 en 2017).
La pregunta entonces apunta a entender por qué se dio este rompimiento parcial: ¿Por qué este año hubo más leyes sancionadas en menos sesiones realizadas que el año pasado? La respuesta debe considerar dos variables: la composición del Congreso y el nivel de acuerdo en torno a los proyectos debatidos.
Respecto a la cuestión de la composición política del Congreso, no hay novedades que agregar respecto al año anterior. En la Cámara de Diputados existen tres tercios más o menos parejos en cuanto a cantidad de escaños: un tercio oficialista (CAMBIEMOS, con 86 diputados), un tercio de oposición férrea (FPV-PJ, con 72) y bloques de oposición que en líneas generales, se sienta a negociar leyes con el oficialismo: el Frente Renovador de Massa (38 diputados), el Bloque Justicialista de Bossio (17) y el progresismo (8). El resto de la Cámara está compuesta por bloques que responden a Gobernadores provinciales, interbloques pequeños y monobloques. En el Senado, entretanto, el PJ-FPV, presidido por Miguel Ángel Pichetto tiene 36 senadores, a tan solo un puesto del quórum propio, mientras que los legisladores oficialistas suman 15 escaños. En conclusión, el Gobierno no tiene mayoría propia en el Congreso, y por ende, requiere necesariamente de la negociación con bloques de la oposición para avanzar con sus proyectos.
Esto hace que sean necesarias más instancias de negociación entre oficialismo y oposición, y por tal motivo, este año electoral evidencia una cantidad mayor de sesiones realizadas, si se lo compara con el anterior año electoral, 2015, en el que el kirchnerismo tenía mayoría propia en el Congreso y no requería de los bloques opositores para avanzar con su agenda. Así, mientras en 2017 se realizaron 15 sesiones (en las que se aprobaron 27 leyes), en 2015 se realizaron apenas 8 (40 leyes sancionadas).
Si se centra la atención en el contenido de los proyectos discutidos en la primer mitad de 2017, respecto a los proyectos debatidos en el mismo período del año anterior, se evidencia que las iniciativas que fueron sancionadas este año tenían un nivel de acuerdo mayor que las sancionadas en 2016. En otras palabras, al momento de iniciar el debate, los proyectos que terminaron siendo sancionados este año, no suscitaron el nivel de conflicto que habían tenido los articulados del año anterior.
Para poner ejemplos concretos: mientras que en el primer semestre del año pasado se habían discutido leyes en las que los bloques tenían amplias diferencias, como el pago a los holdouts, la ley antidespidos y el blanqueo de capitales, este año se debatieron proyectos que desde un principio, contaban con un mayor nivel de acuerdo entre bloques del oficialismo y de la oposición, como por ejemplo Ley de Electrodependientes, el aumento de penas por abusos sexuales, el acompañamiento educativo a jóvenes sin cuidados parentales y la asistencia gratuita a víctimas de delitos. Cuanto menor debate entre bloques suscita un proyecto, mayor probabilidad de sanción tendrá.
Al mismo tiempo, cabe mencionar que el hecho que no se hayan puesto en agenda proyectos conflictivos, responde a una decisión política del Gobierno de no ofrecer el Congreso a la oposición como una caja de resonancia para hacer campaña electoral.
Oficialismo sin mayoría y decisión política de abordar textos conflictivos son las claves que explican por qué este año hubo menor cantidad de sesiones. Al mismo tiempo, el dato también da cuenta de por qué fueron sancionadas más leyes que el mismo período del año anterior.
El Balance Legislativo de este primer semestre de 2017 no conlleva otras sorpresas. El Poder Ejecutivo sigue manteniendo su capacidad para marcarle la agenda al Congreso de la Nación. Así, la tasa de participación legislativa del Poder Ejecutivo sobre el total de leyes sancionadas en el período se mantiene si se la contrasta con el mismo período del año anterior: 33 por ciento en 2017, 32 por ciento el año pasado. Durante el último año del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, esta tasa era similar: 40 por ciento.
También siguen siendo los proyectos del Poder Ejecutivo los que menor cantidad de días requieren para ser sancionados. En el presente período, mientras que los proyectos del Poder Ejecutivo requirieron, en promedio, 308 días para obtener sanción definitiva, los redactados por legisladores nacionales insumieron 411.