Luego de la campaña que hicimos con change.org hubo más candidatos transparentes que en 2015

Luego de varios cambios de fechas originados por el retraso en la oficialización de la listas por la Cámara Electoral, ayer se cumplió el plazo establecido por la Oficina Anticorrupción para que los candidatos a las próximas elecciones legislativas presenten su declaración jurada de patrimonio e intereses (DDJJ). De un total de 528 candidatos relevados, evidenciamos que el 66.3% cumplió con la normativa que desde 1999 obliga a los legisladores a presentar esta declaración y, con la modificación de la ley de Ética Pública en 2013, también lo hace extensivo a los candidatos que superen las PASO.

Al no estar publicada la información en la Oficina de Anticorrupción, Directorio Legislativo tuvo que hacer un control candidato por candidato para relevar los primeros cinco candidatos de las listas (para aquellos que tuvieran más de cinco bancas a ocupar) de veintidós provincias (San Luis y Tierra del Fuego quedaron excluidas ya que aún no han oficializado sus listas). De este modo, y tomando esta medida de análisis, evidenciamos un incremento del 26.3% en el cumplimiento de esta obligación con respecto a las elecciones pasadas llevadas a cabo en 2015, en la cuales solo el 40% de los candidatos presentaron sus declaraciones, y con serias deficiencias en su contenido, forma y tiempo.

En este sentido desde Directorio Legislativo, promoviendo la publicación de información y el control ciudadano, llevamos a cabo una campaña junto a change.org en la que diferentes ciudadanos y personalidades de ocho distritos electorales distintos (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán), convocaron a la ciudadanía a pedir a los candidatos a Diputados y Senadores Nacionales que cumplan con la ley y presenten sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y sean #CandidatosTransparentes.

En las DDJJ podemos encontrar toda la información sobre las propiedades y autos que tienen, acciones en empresas privadas, bonos y títulos del tesoro, ingresos anuales, estado de las cuentas bancarias, y demás información. En este sentido, destacamos también un claro retroceso en términos de estándares internacionales que tuvo la normativa de 2013 que modificó el formato de las declaraciones a presentar, excluyendo información relativa a bienes, acciones y situación patrimonial de los cónyuges e hijos menores no emancipados, impidiendo acceder a una información patrimonial completa ya que muchos bienes y/o acciones están a nombre de su familia.

Desde Directorio Legislativo promovemos el fortalecimiento de los poderes del estado y el control ciudadano, y creemos que la publicación de este tipo de información, además de ser un instrumento clave para la rendición de cuentas de los gobernantes, sirve para identificar potenciales irregularidades, conflictos de interés y casos de enriquecimiento ilícito en quienes nos representan.