La Cámara de Diputados, tras 2 horas de debate, revocó las inmunidades legislativas de Julio De Vido (FPV-PJ) La medida fue apoyada con 176 avales (y una abstención). El legislador ya se puso a disposición del Poder Judicial.
Los votos afirmativos corresponden al interbloque Cambiemos, al Frente Renovador, Bloque Justicialista, el FIT y una parcialidad del FPV-PJ, entre otros. Para acceder al acta de votación, haga click aquí.
Los legisladores que comparten la bancada con De Vido y votaron la quita de inmunidades fueron Luis Bardeggia, Daniela Castro, Miriam Gallardo, Ana Llanos, Emilia Soria y Ramón Tovares.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales habían dictaminado ayer por la tarde el pedido para quitarle los fueros al diputado nacional Julio De Vido (FPV-PJ – Buenos Aires). De esta forma, las solicitudes quedaron habilitadas para ser discutidas en el recinto. Era necesario que los dos tercios de los legisladores presentes a la hora de la votación acompañen el requerimiento.
Si bien los fueros son una protección constitucional para que los diputados y senadores puedan legislar sin ser perseguidos, la Constitución establece un mecanismo para evitar esas inmunidades (de arresto y opinión).
El Artículo Nº 70 estipula que, cuando un juez formule una querella sobre algún legislador, cada cámara podrá “suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.
La discusión por los fueros del ex ministro de Planificación de CFK versó sobre dos expedientes que fueron unificados en un dictamen avalado por 22 legisladores (de los 35 que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales). Sobre el diputado De Vido recaen requerimientos por dos causas distintas.
La primera fue ordenada por el juez federal Luis Rodríguez, por defraudación al Estado en 264 millones de pesos tras la firma de convenios entre Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, UTN y el Poder Ejecutivo (para acceder a la petición haga click aquí). En tanto que la segunda la impulsó el juez nacional Claudio Bonadío impulsó un desafuero por la compra de gas licuado por casi 7 mil millones de dólares (click aquí).
En líneas generales, ambos magistrados coinciden en que es necesario dictar la prisión preventiva para De Vido porque existen riesgos procesales de que el legislador utilice sus influencias para entorpecer la investigación. Desde la defensa, Maximiliano Rusconi argumentó en una nota dirigida a la comisión (ver aquí) que no existen indicios de tal obstaculización y que se trata de un “escándalo jurídico”.
Así las cosas, entre dos interpretaciones opuestas, la Cámara de Diputados desaforó a Julio De Vido.