En menos de medio año la Cámara de Diputados de la Nación intentó fallidamente regularizar el canje de pasajes. Las presiones políticas y el peso de diversos bloques sigue condicionando la imagen institucional de nuestro Poder Legislativo.
Hace más de veinte años que los diputados y senadores de la nación componen su sueldo de una suma adicional correspondiente a gastos de representación y un monto determinado de dinero pensada para los viajes de los legisladores al interior del país. Este mecanismo se traduce en 20 pasajes aéreos y 20 terrestres mensuales que en caso de que no se utilicen pueden ser cambiados por dinero en efectivo.
Durante el 2017 y ante varios pedidos de acceso a la información hechos por organizaciones de la sociedad civil, desde la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación se dictaron cuatro resoluciones referidas a las ganancias del cuerpo parlamentario. A mitad de año se aumentó el monto de los tramos y se estableció un mecanismo de gestión digital para el registro, una deuda pendiente que eliminó los “aerocheques”, la famosa caja negra dentro del sistema pasado
Meses después, a comienzos de 2018 (resolución 118/2018), se avanzó en restricciones a la gestión de pasajes innominados, es decir, todos aquellos que los diputados “cedían” a otras personas: el cambio radicaba en que ahora se ponía un tope de 4 personas distintas al diputado/a para usar los tramos, estando previamente anotadas en un listado. El objetivo de la medida fue asegurar que el destino de esos recursos sean actividades para la labor legislativa, y no gastos discrecionales. Esta era la primera medida para regularizar al sistema, que sería seguida de la bancarización de los fondos y de la restricción para el canjeo (es decir, se podrían utilizar los tramos pero no canjearlos por efectivo).
Poco tiempo después, y a raíz de presiones de diversos bloques políticos que componen el Congreso, el Presidente del cuerpo tuvo que dar marcha atrás con la medida, aumentando a 8 la cantidad de usuarios que pueden usar los pasajes aéreos, y liberando nuevamente los 20 pasajes terrestres independiente de su pertenencia o no a la Cámara. Esto representa un grave retroceso en el camino emprendido para transparentar el uso de los recursos públicos en la Cámara de Diputados, sosteniendo prácticas discrecionales, clientelares y que no hacen otra cosa que reproducir malos hábitos de nuestro Poder Legislativo. Además, pone en cuestionamiento si se podrá avanzar en las dos medidas posteriores que representan la clave para terminar de una vez con esta mala costumbre de nuestro Congreso.
El sistema de canjes actuales nos presenta paradojas que aún no podemos resolver. ¿Para qué usan nuestros legisladores el dinero que canjean por efectivo? ¿A dónde va el dinero que no se usa para pasajes ni tampoco se canjea? ¿Por qué el Congreso mantiene la misma cantidad de pasajes canjeados si no se sesiona por igual los doce meses, e incluso no todos los legisladores los usan por igual? ¿Por qué los legisladores residentes en otras provincias no son los que más usan estos recursos? Es muy necesario que nuestros representantes cuenten con recursos para poder trasladarse de y hacia sus provincias, así como también a otras partes del país para poder ejercer su función de la mejor manera posible. Pero así no. Es necesario repensar un modelo coherente de gestión que pueda responder estas preguntas y pueda garantizarnos la confianza que nuestras instituciones se merecen.