El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió en Washington para continuar el abordaje de la crisis política y social que atraviesa Nicaragua desde el 18 de abril, la cual inició luego de que el Presidente Daniel Ortega disminuyera las jubilaciones y aumentara las contribuciones patronales por decreto. Los miembros del Consejo, entre los que se destacan Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y México, aprobaron una resolución que rechaza las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua e insta al gobierno de Daniel Ortega a encontrar una solución pacífica a la crisis.
Si bien el documento no es vinculante, expresa una posición regional de repudio a la crisis y a las políticas del gobierno de Ortega. Si la conflictividad continúa, los países de la región y las organizaciones internacionales podrían aplicar sanciones al gobierno de Ortega, aislando a Nicaragua y agudizando los problemas. Por ejemplo, en materia diplomática podrían retirar embajadores y suspender al país de foros regionales como la OEA. En cuestiones económicas, algunas opciones serían la congelación de fondos en el exterior, la cancelación de ayuda externa e incluso un bloqueo.
Situada en medio de Centroamérica, Nicaragua está paralizada por una crisis interna que, tras meses de protestas masivas a lo largo del país en contra del gobierno, ya se ha cobrado más de 300 muertos. En sus momentos más tensos, los principales accesos al país han sido bloqueados, afectando el comercio que transita a lo largo del istmo americano hasta llegar al Canal de Panamá. El tránsito comercial en la región cayó un 80% respecto al año pasado, causando importantes pérdidas a los empresarios de los países vecinos. La Cámara de Industria de Guatemala habla de 75 millones de dólares de pérdidas en exportaciones guatemaltecas desde el comienzo de la crisis.