Institucionalidad u oportunismo
¿Discutir proyectos sobre corrupción, es avanzar?
¿Convicción o conveniencia política?
¿Hay espacios de participación ciudadana en el proceso legislativo?
Discursos, compromisos y proyectos regulatorios
En el último trimestre los Congresos de América Latina fueron abordando el diseño de políticas que podrían generar transparencia en la información pública, en la financiación de los partidos políticos, rendición de cuentas y además establecer un marco de combate de la corrupción. Ese es el objetivo que manifiestan, con matices, los autores de los diversos proyectos de ley. Estos proyectos no surgieron porque sí, sino que son la respuesta a una coyuntura particular que comparten los países de la región, en la que tomaron estado público diversos actos de corrupción.
Este proceso legislativo contra la corrupción tiene como disparadores principales el impacto que recibió la estructura política
latina tras las investigaciones por las licitaciones de obra pública, los Panamá Papers, presuntos aportes electorales ilegales y
asociaciones ilícitas. Salvo las causas impulsadas por las declaraciones de la constructora brasileña Odebrecht, el resto de las investigaciones fueron producto de tareas periodísticas. En ese sentido, se manifestó la trascendencia del rol de la sociedad civil en estos temas que implicaron la renuncia de presidentes y vices (algunos incluso presos), intentos de juicios políticos y empresarios detenidos.
Nueve Estados de la región están actualmente trabajando para establecer mecanismos de rendición de cuentas más efectivos y
accesibles para la ciudadanía así como en normativas que den mayor transparencia sobre los destinos del gasto y medidas para
mitigar la corrupción (tanto en el sector privado como el público). De estos países, los que abordan el tema en forma más significativa son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú.