El 22 de enero, el Poder Ejecutivo, a partir del DNU Nº 62/2019, estableció un mecanismo para facilitar la extinción de dominio.  Este decreto tiene como punto de partida un proyecto de ley que fue elaborado en conjunto entre legisladores de la oposición y el oficialismo.

En los considerandos del DNU, el Ejecutivo resalta que decidió impulsar el decreto a raíz de que “el proyecto lleva así más de dos años de trámite legislativo sin resolución”. Eso no es correcto, el proyecto está siguiendo los cursos comunes de la discusión legislativa.

El proyecto de ley fue aprobado por Diputados en 2016, en 2018 fue aprobado con modificaciones en el Senado y ahora le toca dar el debate nuevamente a la cámara de origen. Diputados tiene tiempo para tratar el proyecto hasta el 29 de febrero de 2020.