El martes 17 de septiembre tuvo lugar la Conferencia “Hacia una regulación de la gestión de intereses en Argentina”, donde parlamentarios nacionales e internacionales, y referentes de empresas y de ONGs intercambiaron experiencias y debatieron sobre la necesidad de regular el lobby y la gestión de intereses, y los principales desafíos en la materia.
María Barón, Directora Ejecutiva Global de la fundación, moderó un panel integrado por Carla Carrizo, Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires; Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Ricardo Alfonso Ferro Lozano, Representante a la Cámara del Congreso de Colombia; Rocío Noriega, asesora del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional de Chile; Héctor Pourtalé, Gerente de Asuntos Gubernamentales de Roche Pharma Argentina; y Felipe Gutiérrez, Presidente Ejecutivo de Concertum SAC (Perú), una empresa que se dedica específicamente al lobby.
“Desde Directorio nosotros venimos trabajando sobre la gestión de intereses y el lobby desde hace mucho tiempo, tratando de impulsar el debate. Cuando miramos los países que han regulado estas actividades, vemos que han adoptado diferentes sistemas. Por eso es importante analizar esos antecedentes y capitalizar la experiencia regional para entender qué propuestas funcionan mejor y lograr una ley que se adapte a nuestro caso concreto. La Argentina se beneficiaría mucho con una ley que regule estas actividades aportando reglas claras para todos los actores”, resaltó María Barón, Directora Ejecutiva Global de Directorio Legislativo.
Por su parte, Carla Carrizo, Diputada Nacional en el Congreso argentino, indicó que “uno cuando está en la Cámara de Diputados, es gestor de intereses todo el tiempo, pero de distintos tipos de demandas”. En ese sentido, sostuvo que debería existir un sistema de alerta cuando el trabajo del lobbista genera conflictos con los intereses públicos. Pero aclaró que “no es el mismo conflicto de intereses el que pasa en los distintos poderes: hay que mirar mucho más en el Poder Ejecutivo que en el Legislativo”. Además, remarcó la importancia de poner el foco también en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema de Justicia.
Con respecto a la regulación de la gestión de intereses, Andrés Nápoli aseguró que “la cuestión del lobby no termina solamente con la ley”, ya que no es suficiente. “Después de aprobar una ley, comienza otra rueda, otro proceso de lobby para, por ejemplo vetar la normativa o incidir en su reglamentación”. En ese contexto, detalló el arduo trabajo que en nuestro país debe realizarse para promulgar una ley ligada a intereses públicos, el trabajo llevado adelante por OSC ambientales como FARN para impulsar leyes como la de Glaciares o Generación Distribuida de Energía, y resaltó la necesidad de transparentar las gestiones de los actores que influyen en el diseño y aprobación de las normas, poniendo como ejemplo la denominada “cláusula YPF” en la Ley de Acceso a la Información Pública y su vinculación a intereses económicos.
En tanto, Ricardo Ferro Lozano, Representante a la Cámara del Congreso de Colombia, sostuvo que “es fundamental que no solamente observemos el conflicto de intereses que tiene en el presente el lobbista”, dado que “la foto del presente no nos permite llegar a concluir por qué hay ahí un conflicto de intereses, sino que en ese conflicto tenemos que observar el pasado y el futuro de quien puede incurrir en el mismo”. Agregó, además, que es imprescindible observar también a los actores del sector privado y sus vinculaciones con los tomadores de decisión en el ámbito público.
A su turno, Rocío Noriega, asesora del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional de Chile, recordó que “Cuando se comenzó a regular el lobby en Chile nadie quería ser lobbista (…) con la ley se pudo legitimar el lobby.” Resaltó que “La ley generó equidad en el ingreso al Congreso, democratizó el acceso” y que el formulario online que actualmente se usa para solicitar las audiencias garantiza que el trato sea igualitario: todos piden la reunión mediante el mismo formulario, sin importar si se está en contra o a favor de la propuesta o proyecto de ley. Aclaró que “hacer lobby no es negativo. Que un funcionario cometa el delito de tráfico de influencias, eso es otra cosa. Eso sí es negativo y es lo que debe evitarse”. Además, aseguró que “no contar con una ley de lobby deja bastante espacio para la corrupción”, remarcando la importancia de que Argentina desarrolle normativa en la materia.
En sintonía con la asesora de Chile, Héctor Pourtalé, Gerente de Asuntos Gubernamentales de Roche Pharma Argentina, subrayó: “Bienvenido sea el lobby bien hecho”. Y añadió: “Legitimar el lobby pasa también por darle un marco de claridad porque en el momento que no lo legitimamos, entonces ahí entra la falta de transparencia, ambigüedad y discrecionalidad que nos lleva a dejar de lado el bien común.”
Por otro lado, Felipe Gutiérrez, Presidente Ejecutivo de Concertum SAC (Perú), una empresa que se dedica a la gestión de intereses, también reconoció la labor del lobbista: “Nosotros hacemos gestión de intereses, lobby profesional, hace 13 años, representando a grupos privados y en todos los casos se ha tratado de persuadir y convencer no solamente porque no hay actos de corrupción, sino que se han usado las herramientas que se usan en la persuasión: argumentos legales, técnicos, económicos y hasta políticos”. A su vez, remarcó que “las empresas, las corporaciones, las ONG y la ciudadanía organizada hacen lobby; y está bien que lo hagan. Es una actividad imprescindible. Lo que hay que hacerla es que sea democrática y que sea transparente”.
Al finalizar la rueda de expositores se realizó un intercambio de preguntas y respuestas con los presentes en pos de avanzar entre todos en este debate que se propone avanzar con la discusión sobre lobby y regulación de la gestión de intereses en Argentina.
Esta conferencia fue parte de la Segunda Mesa Redonda Internacional, una jornada de intercambios con legisladores nacionales, personal legislativo, representantes de sociedad civil y expertos internacionales. En primer lugar se desarrolló un encuentro en el que diputados nacionales analizaron las perspectivas para la regulación de la gestión de intereses en el país. Luego de la conferencia se desarrolló un taller con representantes de la Coalición para la Transparencia Legislativa y expertos internacionales para trabajar sobre un propuesta legislativa que será presentada ante el Congreso Nacional. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF), tiene por fin brindar mayor transparencia en el trabajo al interior del Congreso y promover la participación ciudadana en la tarea legislativa.