El pasado 20 de septiembre finalizó el plazo oficial para que los y las candidatas a Presidente, Vicepresidente, Diputados y Senadores Nacionales cumplan con la ley y presenten sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. De un total de 885 candidatos relevados, evidenciamos que el 61,4% cumplió con la normativa que rige desde 1999 y obliga a los legisladores a presentar esta declaración y también es extensivo a los candidatos que superen las PASO desde su modificación en 2013.
En este sentido desde Directorio Legislativo, promoviendo la publicación de información y el control ciudadano, llevamos a cabo una campaña junto a Change.org en la que diferentes ciudadanos y personalidades de siete distritos electorales distintos (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Neuquén y Salta) y a nivel nacional, convocaron a la ciudadanía a pedir a los candidatos a Presidente, Vicepresidente, Diputados y Senadores Nacionales que cumplan con la ley y presenten sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y sean #CandidatosTransparentes.
Esta campaña estuvo vigente desde la semana posterior a las PASO hasta el cumplimiento del plazo dispuesto por la Oficina Anticorrupción, el pasado 20 de septiembre, y aglutinó más de 120 mil firmas ciudadanas en total. Sin embargo los resultados a nivel nacional evidencian que apenas 6 de cada 10 candidatos nacionales presentó su declaración jurada patrimonial -un 5% menos que este mismo análisis realizado en la campaña de 2017-. Es decir, hubo una disminución en el cumplimiento de esta obligación con respecto a las elecciones pasadas. Aunque el proceso de presentación de las declaraciones juradas sea complejo, debido a las limitaciones del alcance territorial que conlleva demoras, el objetivo es justamente poder contar con información completa antes de las elecciones.Cuando los candidatos no cumplen con su obligación dentro del plazo establecido pierde el sentido su inclusión en la ley y no hay posibilidad de control ciudadano. La incorporación de esta obligación fue introducida en el 2013, siendo ésta la tercera elección en la que rige esta normativa.
En las DDJJ podemos encontrar toda la información sobre las propiedades y autos que tienen, acciones en empresas privadas, bonos y títulos del tesoro, ingresos anuales, estado de las cuentas bancarias, y demás información.
Desde Directorio Legislativo promovemos el fortalecimiento de los poderes del estado y el control ciudadano, y creemos que la publicación de este tipo de información, además de ser un instrumento clave para la rendición de cuentas de los gobernantes, sirve para identificar potenciales irregularidades, conflictos de interés y casos de enriquecimiento ilícito en quienes nos representan o aspiran a hacerlo.
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