El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, medido en esta edición en 11 países de la región por las organizaciones que conforman la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, mostró un crecimiento en el acceso a la información en temas administrativos y de atención ciudadana, sobre todo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el puntaje sobre apertura de la labor legislativa sigue siendo bajo.
El Congreso argentino obtuvo un puntaje de 46,84% en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, 7,84% más que en el 2016, año en el que había obtenido 39%. El índice mide 4 dimensiones – Normatividad; Labor del Congreso; Presupuesto y Gestión Administrativa; Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas – y se utiliza cada dos años para evaluar avances y retrocesos en materia de transparencia legislativa en la región. En Argentina, la medición está a cargo de Directorio Legislativo. Si bien se trata de un aumento considerable, Argentina sigue 9º en el ranking regional, liderado por Guatemala, Costa Rica y Colombia.
En términos regionales, la medición 2018 evidenció que a pesar del aumento respecto a 2016, los Congresos de América Latina aún no cumplen con la apertura y transparencia deseables dado que los resultados arrojaron que la media es de 58,85% de transparencia legislativa.
En Argentina, los resultados revelan un aumento en las cuatro dimensiones que componen el índice:
- Normatividad (+2.41%). La sanción de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública fue clave para mejorar no sólo en esta dimensión sino en las otras, ya que determina qué información el Congreso, como los otros poderes del Estado, está obligado a publicar. No obstante, continúa pendiente regular el cabildeo (lobby), poner en funcionamiento la Agencia de Acceso a la Información Pública y generar mecanismos de rendición de cuentas a los legisladores para que publiquen informes de gestión, entre otros puntos.
- Labor del Congreso (+3.67%). Hay gran cantidad de información sobre las sesiones, no así sobre el trabajo en comisiones. Están disponibles las votaciones nominales en el pleno pero, entre otras cosas, se publican solo algunas versiones taquigráficas de las comisiones y ningún listado de asistencia a cada una de ellas.
- Presupuesto y gestión administrativa (+10.13%). El Portal de Datos Abiertos de la Cámara de Diputados y la publicación de datasets sobre dietas, escalas salariales, compras y contrataciones, ejecución presupuestaria, entre otros ítems, lograron un importante incremento, aunque cierta información como gastos de movilidad y empleados contratados continúa sin ser pública. El Senado también avanzó con la publicación de información administrativa, pero no toda se encuentra en formatos abiertos y actualizada. Tampoco publica los empleados contratados, ni la información sobre los viajes nacionales y el sistema de canje de pasajes.
- Participación, atención ciudadana y rendición de cuentas (+10.57%). La creación de Oficinas de Transparencia y Acceso a la Información Pública en ambas cámaras, a partir de la promulgación de la ley, fue un punto a favor, así como la difusión del trabajo legislativo a través de los canales oficiales de TV, youtube y redes sociales. Sin embargo, los mecanismos de participación ciudadana existentes no son suficientes. No existe un mandato por parte del Congreso de consultar a la ciudadanía sobre los proyectos de ley, ni la Agencia de Acceso a la Información como instancia fundamental para promover la participación y transparencia en el ámbito legislativo.
Es muy importante aprender a leer los resultados que arroja el Índice. El objetivo es tener una herramienta de medición concreta que permita trabajar en propuestas e iniciativas para promover una mayor transparencia y participación en los congresos de la región. El Congreso argentino ha avanzado respecto a 2016 pero todavía queda muchísimo por trabajar. La ciudadanía merece conocer en profundidad el trabajo de los legisladores y las legisladoras en las comisiones, así como los equipos de trabajo y asesorías.
En el informe completo, se expone de qué manera la medición del índice denota una articulación débil entre ambas cámaras, mostrando un avance muy dispar. Al momento de la medición, realizada durante el mes de octubre, la última actualización sobre información presupuestaria del Senado era del 2016 y esto resulta inadmisible. Es fundamental que las autoridades de las cámaras trabajen los temas de acceso a la información y transparencia en conjunto para lograr avances más significativos, robustos y sostenidos en el tiempo.
La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa es una plataforma de 28 organizaciones independientes de la sociedad civil que promueven la participación y transparencia legislativa en 14 países de Latinoamérica (en 2018 sólo 11 participaron de la medición). En el marco de esta red, creada en 2010, se construyó colaborativamente el índice, una herramienta que mide a los Congresos a través de indicadores que establecen una serie de estándares óptimos de transparencia.
La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2016 luego de 15 años de lucha de las organizaciones, académicos y expertos, colaboró en el crecimiento del Congreso, ya que colocó al Poder Legislativo por primera vez como sujeto obligado y delimitó legalmente qué información le corresponde a cada institución publicar de manera proactiva, completa, accesible, actualizada y en formatos abiertos. No obstante, el Congreso sigue siendo el único poder del Estado que continúa sin poner en marcha la Agencia de Acceso a la Información, el órgano encargado de garantizar y monitorear la correcta aplicación de la ley.
Para ver el informe completo, hacé click acá.